En Honduras, más de 500 personas han sido detenidas arbitrariamente y sometidas a torturas por las fuerzas armadas en diferentes ciudades valiéndose de un decreto ejecutivo (PCM 021-2020) emitido por el cuerpo de ministros del régimen el lunes 16 de marzo anterior. El país registra oficialmente 52 casos positivos al 25 de marzo y se desconoce el dato real de casos sospechosos entre una población víctima de una campaña oficial permanente de pánico, que está activando a su vez una conflictividad social entre los sectores más empobrecidos que carecen de reservas alimentarias y de medios suficientes para proveerse.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) advirtió el mismo lunes 16 de marzo que ese tipo de medidas extremas impuestas por el régimen violento, que enfrenta 10 años de desobediencia civil por su carácter ilegítimo, acabarían atacando a la población.
Los policías y militares, semi analfabetas, que hacen cumplir el decreto de emergencia, extendido al 29 de marzo en todo el país, no respetan protocolos internacionales sobre uso de la fuerza e impiden con brutalidad la libertad de locomoción, reunión, expresión, asociación, libertad personal y la inviolabilidad del domicilio.
En base a ese decreto central también las municipalidades han impuesto ordenanzas de toques de queda absolutos entre 48 y 72 horas en el Distrito Central, Comayagua, San Pedro Sula, Ceiba, Choluteca y El Progreso. También en Puerto Cortés y Santa Cruz de Yojoa, donde se registraron los primeros casos positivos por coronavirus.
En todas esas ciudades son las policías municipales o las fuerzas militares en general las que hacen cumplir las ordenanzas sin manuales de procedimientos en este tipo de emergencias.
En un barrio de Comayagüela, cinco hombres que el martes se acercaron a comer alrededor de una “olla común” preparada por mujeres defensoras de la Iniciativa Mesoamericana (IM) fueron detenidos y encerrados en una posta policial próxima, mientras las mujeres fueron conminadas a cancelar la actividad solidaria y encerrarse en sus casas.
Por las gestiones de IM y de este Comité, los hombres fueron liberados.
En Choluteca, Comayagua, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Puerto Cortés, Choloma, La Ceiba y El Progreso también hay reportes de detenciones arbitrarias seguidas de golpes, “sermones moralizantes”, insultos vulgares y torturas crueles en lugares aislados.
En el mejor de los casos, las personas privadas de libertad son liberadas fuera de los plazos que establece la Constitución, pero la decisión policial en general es mantenerlas encerradas “hasta que la emergencia finalice”.
Hay registro de detención? Hay remisión de casos a la Fiscalía? Son alimentados dignamente? Gozan de medidas de bioseguridad? Pueden comunicarse con sus familias? No hay respuestas aún a estas preguntas.
En los últimos días han sido virales las imágenes en una posta policial en la capital y una cancha deportiva en Siguatepeque donde la policía militar obliga a las personas detenidas a realizar entrenamientos militares y trabajos forzados, por “irrespetar” el toque de queda absoluto de la dictadura.
En casi la totalidad de los casos, las personas arrestadas realizaban misiones de aprovisionamiento alimentario o de medicamentos para sus familias.
En vista de los hechos hacemos un llamado a las instituciones con salvoconductos excepcionales para circular en el país, entre ellas el ministerio de Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que aseguren el respeto a la integridad física y la vida de todas las personas detenidas. Asimisimo, llamamos a las Naciones Unidas a levantar un censo de detenciones arbitrarias y de tratos crueles durante esta emergencia sanitaria, porque el régimen oculta o minimiza los datos, con la misma lógica de conveniencia que maneja los contagios. El ocultamiento o manipulación de la información pública es un grave riesgo adicional para la vida y las libertades del pueblo hondureño en momentos cuando se impone la inmovilidad social por la fuerza. No debe tolerarse en ninguna circunstancia, peor en ésta. De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón C O F A D E H Tegucigalpa, Honduras, 25 de marzo de 2020
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International Civil Society Organizations Call for the Colombian Government to Investigate Killing of Marco Rivadeneira and to Protect Human Rights Defenders March 25, 2020
We are grieved to learn of the death of Marco Rivadeneira, a community leader in Putumayo, Colombia. Rivadeneira was killed on March 19, 2020 by three armed men who entered a meeting where Rivadeneira and other community members were discussing voluntary eradication agreements between farmers and the Colombian government.
Rivadeneira was a human rights defender, a promoter of the peace accords, and a proponent of voluntary coca eradication efforts in his rural community. He was a leader of the Puerto Asis Campesino Association and a representative to the Guarantees Roundtable (a process intended to protect human rights defenders). Rivadeneira was also the representative of his region for the national network of 275 Colombian human rights groups known as the Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Coordinación and its members are close partners of many of our organizations.
This killing “underscores once again the lack of security guarantees for the work of human rights defenders and the lack of political will on the part of the Colombian government to dismantle the criminal structures and paramilitary organizations that continue to attack social leaders and those who defend peace in the countryside,” as Coordinación asserts. The Coordinación urges the government to act decisively to ensure that “enemies of peace” do not use the emergency situation created by the COVID-19 virus to continue to exterminate social leaders.
107 social leaders were assassinated in 2019, according to the UN High Commissioner for Human Rights office in Colombia. One out of three human rights defenders killed in 2019 (documented by Frontline Defenders) was from Colombia. 2020 has started off with a wave of violence against them.
We urge the Colombian government to ensure this crime is effectively investigated and prosecuted and to communicate what steps are being taken to bring the perpetrators to justice. We also urge the Colombian government to provide effective guarantees for human rights defenders, social leaders, and those working to build peace in Colombia. This starts with the vigorous implementation of the 2016 peace accords in Colombia, including convoking the National Commission of Security Guarantees to create and implement a plan to protect communities and social leaders at risk.
We urge the U.S. government to vigorously support peace accord implementation in Colombia. This includes adhering to the drug policy chapter of the accord which mandates working closely with farming communities to voluntarily eradicate and replace coca with government assistance, rather than returning to ineffective and inhumane aerial spraying programs.
Colombia must not lose more leaders like Marco Rivadeneira who have worked so valiantly to bring human rights protections and peace to their communities.
Signed by:
AFL-CIO Amazon Watch Amnesty International U.S.A.
Center for International Environmental Law (CIEL) Center for Justice and International Law (CEJIL) Chicago Religious Leadership Network on Latin America Christian Solidarity Worldwide (CSW) Church World Service Colombia Grassroots Support New Jersey Colombia Human Rights Committee Institute for Policy Studies Drug Policy Project International Institute on Race, Equality, and Human Rights Latin America Working Group (LAWG) Mennonite Central Committee U.S. Washington Office Missionary Oblates of Mary Immaculate Movement for Peace in Colombia, New York Oxfam Presbyterian Church (U.S.A.) Presbyterian Peace Fellowship Robert F. Kennedy Human Rights United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Washington Office on Latin America Witness for Peace Solidarity Collective