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Mujeres en Resistencia: Reporte de la Delegación de la Comisión de Derechos en Guatemala

Fotos:Trischa Goodnow

La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala llevo a cabo su delegación anual en Agosto centrada en el rol crucial de las mujeres Guatemaltecas en la defensa de los derechos humanos. La delegación titulada “Defensoras: Mujeres Guatemaltecas Defendiendo Tierra, Justicia, y Derechos Humanos”,  tomo lugar en diferentes localidades de Guatemala en las fechas de 30 de Julio al 7 de Agosto del 2016. Marisa León Gómez, miembro del personal de CRLN, se unió a otras mujeres que trabajan y promocionan los derechos humanos en los Estados Unidos y Latino América para aprender y compartir con sus colegas en Guatemala. La delegación comenzó en la ciudad de Guatemala con visitas a diferentes organizaciones, luego viajo a Nebaj, en el departamento de Quiche para encontrarse con mujeres de la Comunidad Maya Ixil, regreso a la Cuidad de Guatemala, y termino con una visita a las comunidades de San Jose del Golfo y San Pedro Ayampuc, las cuales están en una resistencia pacífica en contra de una minería Estadunidense. La primera visita de la delegación fue a una exhibición permanente ¿Por qué estamos como estamos?, para que las delegadas obtuvieran información de fondo de la situación de racismo, discriminación, desigualdad y violencia que actualmente aflige a la sociedad Guatemalteca.


Actualización de la Puya


La Resistencia de la Puya

es una resistencia pacífica por las comunidades de San Jose del Golfo y San Pedro Ayampuc en contra de la minería Estaunidense de oro Kappes, Cassidy & Associates. CRLN ha apoyado la Resistencia de la Puya, la cual se ha estado organizando en contra de la mina y en la defensa de su agua desde hace cuatro años y medio. En el 2012, Miriam Pixtun Monroy, lideresa Maya Indígena de la resistencia, asistió y hablo brevemente acerca de la resistencia en el Encuentro Anual de CRLN, después de que el orador principal termino. Martha Pierce, miembro de la Junta Directiva de CRLN, visita la resistencia cada año conjunto a su delegación que hace en Guatemala.  La delegación de GHRC se encontró con Miriam en la Cuidad de Guatemala y luego viajaron a La Puya para ver personalmente la resistencia. Miembros de la resistencia, explicaron los nuevos avances a la delegación y las luchas que encuentran mientras continúan resistiendo pacíficamente la presencia de la mina en sus comunidades:

  • La compañía minera nunca obtuvo un permiso legal de construcción para operar y también fallo en consultar a las comunidades antes de empezar la minería, violando los Acuerdos de Paz de Guatemala de 1996.
  • Miembros de las comunidades han sido criminalizados, ha habido opresión militar y policial, y una gran división de familias ( en ciertas familias, ciertos miembros trabajan para la mina y otros miembros se oponen a la mina y son parte de la resistencia)
  • La comunidad gano amparos en contra de la compañía minera, lo cual tuvo que haber parado cualquier actividad minera desde Noviembre del 2015. Sin embargo, las comunidades no fueron notificadas de su victoria hasta Enero del 2016.
  • Debido a que la compañía minera no paro sus actividades aun con una orden de la Corte Constitucional, la comunidad comenzó una segunda resistencia en frente del Ministerio de Energía y Minas en la Cuidad de Guatemala la cual llamaron

    “ La Puyita”

    . Esto se debe a que el Ministerio de Energía y Minas dijo que iba a “analizar” la orden de la Corte Constitucional, en vez de simplemente acatar la orden como se supone que lo tienen que hacer.
  • Debido a la resistencia en ambos lados, La Puya y la Puyita, la compañía minera finalmente paro todas sus actividades el 10 de Mayo del 2016. Legalmente, no debería de haber ninguna actividad dentro de la mina. Sin embargo en la visita de la delegación a la Puya, los delegados presenciaron un carro conduciéndose en el complejo de mina y miembros de la resistencia reportaron actividades mineras llevadas a cabo por helicópteros y otras formas.
  • Miembros de la resistencia, también reportaron que hay rumores que el Ministerio de Energía y Minas quiere utilizar otro amparo justificándose en que Kappes, Cassidy & Associates han invertido más de $40 millones, y que deben completar su trabajo para que todo su capital no se desperdicie y para que inversores extranjeros no tengan miedo de invertir en Guatemala.
  • Las comunidades ya están vigilantes del hecho que la compañía minera puede demandar al Gobierno de Guatemala,

    como fue el caso en El Salvador.

  • La resistencia realmente aprecia la presión en contra del Gobierno de Guatemala y  de la compañía minera y el trabajo de solidaridad con su causa. Miembros de la resistencia dicen que el apoyo internacional es muy importante para su trabajo y para la defensa de los ríos y el medio ambiente.


La CICIG, Corrupción y El Ministerio Publico de Guatemala

La organizaciones de derechos humanos y de justicia social aprecian el trabajo de la

Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala  (CICIG).

Muchas defensores y defensoras de derechos humanos durante la delegación expresaron que el record de derechos humanos de Guatemala sería peor de no ser por la CICIG. Sin embargo, muchas organizaciones dijeron que la CICIG está fallando en trabajar con mujeres y movimientos u organizaciones indígenas.

La Red de No Violencia en Contra de la Mujer (REDNOVI)

expreso que la CICIG no ha beneficiado la prevención de la violencia en contra de la mujeres. La representante de REDNOVI espera que la CICIG comience una investigación de estructuras paralelas que previenen el proceso de la prevención de la violencia en contra de la mujer pueda avanzar. Igualmente, miembros de la resistencia de la Puya esperan que la CICIG pueda ayudar con su caso. Como se explicó arriba, la compañía minera Estadunidense Kappes, Cassidy & Associates ha operado ilegalmente en Guatemala, y miembros de la resistencia han sido injustamente criminalizados.

Adicionalmente,  El Ministerio Publico de Guatemala ha tenido un rol prominente en los casos de corrupción de oficiales de alto rango. La actual Fiscal, Thelma Aldana, llevo a cabo investigaciones que probaron que el ex- Presidente Otto Pérez Molina y la ex- Vicepresidente Roxana Baldetti estuvieron involucrados en el escándalo de corrupción de la aduana en Guatemala. La Fiscal previa, Claudia Paz y Paz, hizo un gran cambio en el sistema judicial de Guatemala, siendo su mayor logro la sentencia en cargos de genocidio y crimines de lesa humanidad del Militar General y  ex-Presidente Efraín Ríos Montt. La sentencia de Ríos Montt fue anulada por la Corte Constitucional días después, Sin embargo la juez Paz y Paz desafío el statu quo en Guatemala y abrió las puertas de la justicia, las cuales habían estado cerradas por mucho tiempo.

La corupcion rampante en Guatemala continua, tanto en el gobierno como en la oligarquía Guatemalteca. Impuestos bajos y/o evasión de impuestos por los ricos de Guatemala continúan teniendo un gran efecto en el país. Iduvina Hernandez, de

SEDEM

, explico a la delegación que el 6% más rico de la población evita pagar impuestos, y los que sí pagan (las clases trabajadoras) son robados por el gobierno. Los niveles de impunidad en Guatemala son alrededor del 90% por corrupción y evasión de impuestos. Igualmente, los  gobernantes de Guatemala defienden de cualquier manera posible los intereses económicos de la elite y de empresas extranjeras. Todo esto roba al estado de fondos, haciéndolo difícil que la situación vulnerable del país mejore.


La Administración de Jimmy Morales y los Militares

A pesar de haber progreso en Guatemala en las áreas de impunidad y corrupción, con el arresto del ex Presidente y Vicepresidente, el gobierno de Jimmy Morales está lejos de ser el ideal. El Presidente Morales ha sido vinculado con y ha defendido a los militares que estuvieron involucrados en el conflicto armado interno y en violaciones de derechos humanos. Morales ha reclamado el país vecino de Belice como Guatemalteco, ha incluido mensajes xenofóbicos y racistas como parte de su comedia, y ha negado que el genocidio en contra de la Comunidad Maya Ixil haya ocurrido.


Plan Alianza de la Prosperidad


CRLN,

conjunto a otras organizaciones, están dudosos del Plan propuesto como Alianza para la Prosperidad, dando $750 millones de dólares a los países del Triángulo Norte: Honduras, Guatemala, y El Salvador. Las organizaciones de derechos humanos están escépticos de las siguientes tres razones: a) El plan apoya la inversión extranjera en los tres países, lo cual puede resultar en situaciones como la de la Puya, b)Una gran parte del dinero va hacia los militares y las iniciativas de seguridad, a pesar de que hay pruebas de violaciones a derechos humanos por los militares y y la correlación de los altos niveles de violencia con la presencia de los militares en las calles, c) El dinero va a gobiernos corruptos los cuales tienen records terribles en valorar los derechos humanos. Adicionalmente, el plan se ve como un esfuerzo para parar inmigración a los EE.UU. a través de la militarización y la detención de inmigrantes antes de que lleguen a tierras Estadunidenses. Los delegados de GHRC se reunieron con representantes de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y encontraron que los EE.UU. todavía tiene confianza en los militares de Guatemala, al expresar que, “ los militares del presente son diferentes”.  La delegación tuvo una discusión con el representante de la Embajada Estadunidense acerca de puntos de consternación en el ámbito de derechos humanos en Guatemala.


Mujeres en Resistencia (Lista y Resumen de Organizaciones durante la delegación)

La primera reunión organizacional fue con

FAMDEGUA

(Familias de Desaparecidos de Guatemala) la cual fue fundada por familiares, sobre todo madres y esposas, de los desaparecidos del conflicto armado interno. 45,000 personas fueran desaparecidas forzosamente  durante el conflicto armado en Guatemala. FAMDEGUA tiene un papel crucial en el rol de exhumaciones de cementerios clandestinos y reparaciones a las víctimas, así como acompañar casos como el de la mascare de las Dos Erres. A pesar de recibir amenazas a muerte y vandalismo en sus oficinas, de 107 exhumaciones hechas, 1276 restos han sido recuperados.

La siguiente fue una reunión con

SEDEM

(Seguridad en Democracia). Guatemala siendo un país extremadamente peligroso para defensores y defensoras de derechos humanos, SEDEM trabaja en en la evaluación de riesgos y medidas de autoprotección para los defensores. SEDEM trabaja tambien con la reforma del ejército y la policía desde una perspectiva de derechos humanos y en la desclasificación de información de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

La siguiente reunión tomo lugar en Nebaj, en el departamento de El Quiche, donde hubo un genocidio de la comunidad Maya Ixil.

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

es una organization que trabaja en factores psicosociales con individuos y comunidades que han sufrido 30 años del conflicto armado interno. Esto incluye trabajar y brindar apoyo psicosocial a las mujeres y las comunidades indígenas que ahora son testigos de los juicios por genocidio y / o violencia sexual durante el conflicto armado.

Luego la delegación se reunió con

la Asociación Flor de Maguey y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH.

La reunión con la Asociación Flor de Maguey fue probablemente la más emotiva para la delegación, ya que la Asociación consiste en un grupo de mujeres sobrevivientes mayas del genocidio en la región de Quiché. La delegación escuchó el testimonio de cada mujer en el idioma maya Ixil, luego traducido al español y más tarde al Inglés. Las mujeres hablaron de diferentes traumas vividos durante y después del conflicto armado interno, incluyendo el sufrimiento de violencia sexual, la desaparición forzada de miembros de la familia, presenciar la matanza de miembros de la familia, y testificar en el caso de genocidio de Ríos Montt. Las mujeres formaron una red de apoyo en sus comunidades y se ayudaron mutuamente a sanar al compartir sus historias, el dolor y la búsqueda de la justicia.

CALDH

es un grupo que apoya a grupos como la Asociación de la flor Maguey, proporcionando acompañamiento pysco-social y ayudando a luchar por la verdad y la justicia.

Finalmente en Nebaj, Las delegadas se reunieron con

la Red de Mujeres Ixiles

la cual consiste en una red de 364 mujeres que trabaja para apoyar a las víctimas de la violencia actual contra las mujeres y para avanzar en los derechos de las mujeres.

De regreso en la Cuidad de Guatemala, la última visita organizacional fue con

La Red de No Violencia en Contra de la Mujer (REDNOVI),

la cual trabaja para prevenir, actuar y eliminar todas las formas de violencia y opresión en contra de las mujeres. REDNOVI trabaja en leyes, políticas públicas y mecanismos específicos por la defensa y el avance de las mujeres. La red está formada por diferentes organizaciones que trabajan en diferentes áreas en la defensa de los derechos de la mujer.

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Bill Summary: 

This bill prohibits funds from being made available to Honduras for the police or military (including for equipment and training), and directs the Department of the Treasury to instruct U.S. representatives at multilateral development banks to vote against any loans for the police or military of Honduras, until the Department of States certifies that the government of Honduras has:

  • prosecuted members of the military and police for human rights violations and ensured that such violations have ceased;
  • established the rule of law and guaranteed a judicial system capable of bringing to justice members of the police and military who have committed human rights abuses;
  • established that it protects the rights of trade unionists, journalists, human rights defenders, government critics, and civil society activists to operate without interference;
  • withdrawn the military from domestic policing; and
  • brought to trial and obtained verdicts against those who ordered and carried out the attack on Felix Molina and the killings of Berta Caceres, Joel Palacios Lino, Elvis Armando Garcia, and over 100 small-farmer activists in the Aguan Valley.



Current co-sponsors:

60 total in U.S.; from IL – Schakowsky, Lipinski, Gutierrez, Rush, Davis, Quigley, Foster



Reasons to Co-sponsor
:

  1. The U.S. should not fund security forces that have committed such an alarming number of human rights abuses with a 97% impunity rate.

    Some argue that U.S. training for Honduran troops will professionalize them, but there is no evidence of improvement since the 2009 military coup d’etat. Those who planned that coup
    are still in power. In fact, there is credible evidence that units of the Honduran military trained by the U.S. are operating as “death squads” and have hit lists of the leaders of various social movements. Berta Cáceres was one casualty.

    https://www.theguardian.com/world/2017/feb/28/berta-caceres-honduras-military-intelligence-us-trained-special-forces
  2. The U.S should not entrust funds to an administration as corrupt as that of Juan Orlando Hernández’ in a country with such a weak judicial system.

    We cannot have any confidence that funds given to Honduras will be used for their intended purpose. There is rampant institutional corruption in Honduras. High-level officials siphon off money from public institutions for their own gain or for political advantage. The looting of at least $350 million from the social security system by its chief administrator, part of which funded National Party efforts to elect current President Hernández in 2013, is an example.

    The Unbearable Solitude of Honduras’ Attorney General


Officials also have been implicated in taking bribes from drug trafficking gangs in exchange for allowing gangs to operate without police interference.

Another Day, Another Damning Testimony of Elites by Honduras Trafficker


3.  U.S. funds should not be sent to support military and police forces in a country which                 appears headed for dictatorship.

Current President Hernández is running for re-election, forbidden by the Honduran Constitution. Last year, he fired 4 Supreme Court justices who challenged the constitutionality of his running for re-election and appointed replacements who would support it. He uses the military in domestic policing, also forbidden by the Constitution, and has formed a Military Police Force in addition to the National Police. This year, the Honduran Congress passed changes to the penal code that threaten free speech and freedom of assembly rights, with stiff criminal penalties, which have citizens worried that they will not be able effectively to publicly oppose government policies.

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(The New York Times did not print this letter from the Coalition Against Impunity, a group of Honduran civil society human rights organizations)

Re: How the Most Dangerous Place on Earth Got Safer

As the Coalition Against Impunity, a group of Honduran civil society human rights organizations, we strongly disagree that the impact of US aid is positive. Our experience on the ground shows thatviolence is rampant — and seriously underreported—and we still face high levels of impunity. For this reason, we recently sent a letter to the US Congress demanding suspension of aid to the Honduran State under the Alliance for Prosperity, due to the lack of political will to protect human rights.

Nazario’s opinion piece calls for more U.S. aid precisely when a group of 31 legislators led by Rep. Hank Johnson has presented the much-needed “Berta Caceres Human Rights in Honduras Act” to suspend all security aid to Honduras following Caceres’ assassination last March. Among those detained are two army officers, one on active duty.

To cite supposed progress in one neighborhood and deduce that US aid benefits our whole country is either careless or tendentious. The human rights crisis in Honduras will only improve when the US ceases to support a government that commits crimes against its own people with impunity and, rather than being sanctioned, is rewarded with millions of US taxpayer dollars.

The Coalition Against Impunity:

Asociación de Jóvenes en Movimiento (AJEM); Asociación de Jueces por la Democracia (AJD); Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR); Asociación Feminista Trans (AFeT); Asociación FIAN Honduras; Asociación Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo Scalabrinianas; Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH); Asociación LGTB Arcoiris de Honduras; Asociación Nacional de Personas viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA); Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA); CARITAS – Diócesis de San Pedro Sula; Centro de Derechos de Mujeres (CDM); Centro de Desarrollo Humano (CDH); Centro de Educación y Prevención en Salud, Sexualidad y Sida (CEPRES); Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H); Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD); Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH); Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT); Colectivo Diamantes Limeños LGTB; Colectivo Gemas; Colectivo Unidad Color Rosa; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO); Comité por la Libre Expresión C-Libre; Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental; Crisálidas de Villanueva; Coordinación de Instituciones Privadas por las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos (COIPRODEN); Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ); Feministas Universitarias; Familia Fransciscana de Honduras (JPIC); Frente Amplio del COPEMH; Foro de Mujeres por la Vida; Foro Nacional para las Migraciones (FONAMIH); Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH); Indignados Unidos por Honduras; JASS en Honduras; Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ); Movimiento Diversidad en Resistencia (MDR); Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”; Observatorio Permanente de Derechos Humanos de El Aguán; Organismo Cristiano de Desarrollo Integral (OCDIH); Pastoral de Movilidad Humana de Honduras; Red de Mujeres Jóvenes de Cortés; Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador”; Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC); Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras; Tribuna de Mujeres contra los Femicidios; Unión de Empresas y Organizaciones de Trabajadores del Campo (UTC – La Paz).

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