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Tres miembros del personal y la junta de directores de CRLN viajaron a Honduras del 28 febrero al 8 marzo junto con La Voz de los de Abajo, uno de los grupos asociados de CRLN. A continuación se presenta una reflexión de Sharon Hunter-Smith sobre la visita de dos comunidades dedicadas a la recuperación de tierras como parte del Centro Nacional de Trabajadores Rurales.

Tegucigalpa y La Paz, Honduras; 6 de Marzo del 2017

Nuestro grupo de Chicago se quedó mirando la tosca mesa de madera, en la cual habían dos docenas o más de latas de gas lacrimógeno, además de un par de proyectiles de bala, recogidos por la comunidad del 9 de julio en la zona que rodeaba el lugar donde estábamos. El más grande, diseñado para ser disparado desde un fusil, fue estampado “Hecho en EEUU”. La conexión entre el ejército estadounidense y la ayuda policial a Honduras y la violenta persecución de campesinos empobrecidos hondureños fue clara en los objetos que teníamos ante nosotros.

La comunidad rural original de 28 familias ha sido desgastada por gases lacrimógenos y desalojada de sus sencillas viviendas construidas a mano y tierras cultivadas, 26 veces por el ejército o la policía hondureña. En el último desalojo sorpresivo del 13 de enero de 2017, la policía siguió a los fugitivos, incluso mujeres y niños, a través del valle, disparando hasta el final. Un hombre recibió un disparo en la pierna y una mujer embarazada sufrió un aborto después de salir corriendo, presa del pánico, de las fuerzas de “seguridad”. También derribaron y quemaron casas, robaron o quemaron posesiones y herramientas dejadas en y alrededor de las casas, y cortaron algunos de los árboles frutales y cosechas. Desde entonces, las mujeres y los niños, se han trasladado a una comunidad cercana mientras que los hombres han re-ocupado la tierra.

Esta comunidad, la cual no tenía tierra antes, organizada por el Centro Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), se instaló esta tierra abandonada y desértica en el 2010. Ellos cavaron trincheras y compraron tubos de plástico para llevar agua para riego y agua potable de una fuente a 3 kilómetros de distancia. Plantaron árboles frutales y otros cultivos para alimentar a sus familias. Una ladera seca se volvió verde y proporcionó una manera de ganarse la vida. La CNTC trabaja con otras 203 comunidades, como la 9 de julio, que reclaman tierras y la aprovechan en 14 de los 18 departamentos hondureños (lo que en los Estados Unidos se llamaría estados).

La Ley Nacional de Reforma Agraria dispone que las tierras desocupadas aptas para la agricultura pueden ser expropiadas y otorgadas a personas indigentes y sin tierra por el gobierno, pero esto no ocurre con frecuencia. Para forzar el tema y obtener la tierra esencial para que la gente rural se mantenga a sí misma y a sus familias, la CNTC trabaja con gente sin tierra para asentarse y plantar en tierras no utilizadas, subdesarrolladas o abandonadas. Los ocupantes se declaran a favor del terreno bajo la Ley de Reforma Agraria con el Instituto Nacional Agrario de Honduras (INA).

La comunidad del 9 de julio es la más perseguida de todas las comunidades de la CNTC, pero otras generalmente son desalojadas por lo menos varias veces en su lucha por obtener tierras. ¿Cuánto tiempo tienen que estar en la tierra antes de que se les conceda un título? “No sabemos con esta administración. No están de nuestro lado “, respondió un hombre. Algunas de las comunidades CNTC han vivido y trabajado en sus tierras durante 15-20 años y aún no tienen título.

El director del CNTC, Franklin Almendares, explicó que el 64% de la población hondureña es rural, empobrecida y desplazada o que se encuentra desplazada de sus tierras por falta de un título. El 46% vive en extrema pobreza. “No somos pobres, nuestra tierra es rica, pero estamos empobrecidos, porque nos echan de la tierra donde vivimos y cultivamos. Al mismo tiempo, señaló Almendares, cuando los grandes terratenientes corporativos toman tierra sin tener título, el gobierno es cómplice de sus acciones y les concede títulos.

Visitando un segundo proyecto de recuperación de tierras, los organizadores de la CNTC nos llevaron a un terreno en una plantación que había sido abandonada por décadas, su dueño viviendo en Tegucigalpa. 14 jóvenes y niños, la mayoría en la adolescencia y principios de los veinte, habían llegado 11 días antes por la noche. Habían hecho tiendas a partir de piezas de plástico y lona sostenidas por palos para refugiarse, y habían comenzado a limpiar los árboles para que pudieran comenzar a crear campos para plantar. Los más jóvenes de ellos parecían tener alrededor de 11 años. Parecían cautelosos y tímidos, vulnerables y asustados. La mayoría no nos habló, dejando que los organizadores de la CNTC nos explicaran su situación.

Todos querían adquirir un terreno para trabajar y tener algo que desear. Eventualmente, querían formar una familia y necesitaban una forma de apoyarlos. Sin tierra, no tenían esperanza, y sin esperanza, no tenían razón para vivir.

Los organizadores de la CNTC utilizaron nuestra visita como una capacitación para estos jóvenes- cómo recibir un grupo internacional, cómo presentarse. Habían entrenado al líder del grupo para presentarse con una breve descripción de sus objetivos en la ocupación de esta tierra. Nos dijo que después de llegar, no durmieron tres noches, preocupados porque la policía los encontraría y los desalojaría. También no habían dormido afuera antes con insectos y serpientes en la zona, y se estaban acostumbrando a eso. Con palabras alentadoras, los organizadores de la CNTC dijeron al grupo que el desalojo es sólo una desgracia pasajera en el camino hacia la adquisición de tierras, hogares y comunidad. Cada grupo había experimentado esto, y muchos habían ganado sus títulos. Deben trabajar y tener esperanza de que ellos también tengan éxito un día, porque este camino es el único que les ofrece alguna esperanza.

¿Qué podemos hacer nosotros los de Estados Unidos para detener la persecución de las comunidades que trabajan con la CNTC? Llame a la oficina de su Representante del Congreso, pida hablar con el personal responsable de la política exterior o deje un mensaje y solicite que co-patrocinen la Res. H. 2199, Ley de Derechos Humanos en Honduras de Berta Cáceres. Esto suspendería toda la ayuda de seguridad de los Estados Unidos a Honduras, incluyendo equipo y entrenamiento, hasta que cesen sus violaciones de derechos humanos. Debemos detener la financiación estadounidense que permita a Honduras usar la violencia contra su propio pueblo, personas que sólo quieren una oportunidad para apoyar a sus familias y contribuir a la vida de sus comunidades.

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The recent arrests of 18 former Guatemalan military officers has set in motion the formal court proceedings of decades-long delay of justice involving countless human rights violations. The violations, during the country’s thirty-six year long civil war, took place between 1960 and 1996, officially “ending” with the signing of the 1996 Peace Accords. The corruption within the country’s infrastructure, however, is much more deeply rooted. So is the vast gulf between rich and poor, racism directed against the majority indigenous population, and the need for land reform, all issues that remain unresolved after the Peace Accords.

In a country of roughly 15 million, there are roughly


6,000 homicides within Guatemala each year, yet only 2% of those go to trial.


Additionally, the success of organized crime in perpetuating this violence–during the civil war and in recent years–has been possible in part because of government and military involvement in it. For example, former president Otto Pérez Molina, formerly a general during the civil war,


was arrested last year


just hours after his resignation from the presidency for accusations of corruption and fraud.

Now, Guatemala, desperate for social and political reform, has a new, democratically-elected President, former comedian and producer Jimmy Morales, a man who proudly boasted about his neophyte status with the campaign slogan, “Neither corrupt, nor a thief.”  However, all of President Morales’ backers are military men. Will the violence lessen under him?  He was elected, many think, on a “protest vote;” in other words, Guatemalans voted their distrust of the corruption of all political candidates who had any experience in what they see as a corrupt political system.

Morales has a full table in front of him with the trials coming up in his first year as president. One case, involving former dictator Efrain Rios Montt, has been delayed several times over allegations that


his physical and mental health are not well enough


for him to appear in court. Montt and former chief of military intelligence, Mauricio Rodriguez Sanchez, are now facing a retrial


charged with genocide and crimes against humanity


for their roles in relation to the deaths of 1,771 Mayan Ixiles between March 1982 and August 1983. In addition to Rios Montt and Rodriguez Sanchez, former Army Chief of Staff Benedicto Lucas Garcia, brother of former President Romeo Lucas Garcia,


faces charges


for crimes against humanity which took place during Romeo’s dictatorship between 1978 and 1982.  In addition to Perez Molina, Rodriguez Sanchez, Rios Montt and Lucas Garcia, a host of other military officers from the School of the Americas–a combat training school for Latin American soldiers, specializing in counter-insurgency and teaching torture techniques–


were arrested for acts of genocide


, also taking place over 25 years ago.

What is next for the Guatemalan people, who demonstrated in the streets for 5 months last year to force the resignation of Perez Molina and to call for a better system of government? President Morales faces pressure from his military constituents as well as backlash from the anti-corruption, anti-fraud voters who put him in office. The steps he will take in response to the coming trials are nebulous. While the public largely supports prosecuting these criminals to the full extent of the law, his friends in the military have expectations that they will be found innocent and go free, or at the very least, that their trials will be delayed until these octogenarians die. As Jo-Marie Burt, a political science professor at George Mason University and senior fellow at the Washington Office on Latin America,


explains


, “This series of arrests from last week, some of them go right to the heart of the political allies that he has. I think that it’s kind of a little earthquake within Jimmy Morales’ inner circle.”

The importance of these court cases may be felt most deeply by the relatives of those lost during the thirty six year long war. After such a long time, it would be a huge emotional relief for the families of the victims of  these military officers’ crimes  if these violators were brought to justice.  The government has repeatedly sought to deny that there was a genocide against the Mayan people.  A guilty verdict would make the historical record clear and unequivocal. As Anselmo Roldán of the Association for Justice and Reconciliation said on the Rios Montt verdict, “To deny the sentence is to deny the value of lives lost. Each of those who died needlessly has value. The sentence is a recognition of that which was taken from us all.”

Written by Luke Burrows (CRLN Intern)
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Rep. Hank Johnson reintroduced the Berta Caceres Human Rights in Honduras Act in the 115th Congress as House Resolution 1299 (HR 1299) on March 2, the first anniversary of the slain indigenous rights, feminist, and environomental activist. The bill would suspend all U.S. military and police aid to Honduras, including equipment and training, until basic human rights conditions are met. The Honduran police and military have been implicated in hundreds of human rights violations since the 2009 overthrow of the government, and we should not be supporting them with our tax dollars.


We have an amazing opportunity in the two years of the 115th Congress (2017-18) to generate enough support for this bill to get it passed

. Already, Representatives Schakowsky, Lipinski, Gutierrez, Rush, and Davis from Illinois have signed on to co-sponsor. Here are three good reasons you might give us permission to sign your name on a letter to your Representative in support of this resolution, which CRLN staff will deliver when we are in DC for Ecumenical Advocacy Days:


  1. Berta’s family supports this bill

    , and we in CRLN believe in supporting the survivors of human rights abuses. Two of the suspects arrested in connection with Berta’s murder worked in military intelligence and were trained at the U.S. Army School of the Americas, and Berta’s family believes the intellectual authors of the crime occupy positions at the highest levels of government. Withdrawing financial support, along with communicating the reasons for doing so, would be a blow to these forces and might weaken their position within Honduras.

2.

The social movements

in Honduras (LGBT, women, Indigenous, Garifuna, labor unions, environmentalists, small farmers), and the          journalists who cover them,

are under constant threat of violence,

and we in CRLN want to do everything in our power to send the message that they have international solidarity in these dangerous times. There have been credible allegations by an army defector of the existence of death squads within the Honduran military who have received U.S. training and who have a hit list of prominent social movement leaders. We need to stop U.S. training that results in assassinations.

3.

The current President, Juan Orlando Hernandez, and his administration and political party are riddled with corruption. He has been named by a drug trafficker leader on trial in New York as receiving bribes from his cartel, with Hernandez’ brother acting as liaison

. His National Party stole hundreds of millions of dollars from the national health insurance system to fund his first campaign. He will run again for President this fall, which violates the Constitution; and he fired four Supreme Court justices who objected and appointed four who were in favor of his re-election bid in order to be able to run again. The U.S. should not reward with funds someone who seems willing to benefit himself at the expense of his country.

For further reading, here are some recent articles on Honduras:

By Berta Caceres’ nephew on the anniversary of her assassination:


“Berta Cáceres court papers show murder suspects’ links to US-trained elite troops”


https://www.theguardian.com/world/2017/feb/28/berta-caceres-honduras-military-intelligence-us-trained-special-forces

By Steven Dudley of InSight Crime on Honduran presidents’ link to gangs:

Another Day, Another Damning Testimony of Elites by Honduras Trafficker


“Protesters in DC confront Honduran president over Berta Cáceres murder”:

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/21/berta-caceres-murder-honduras-juan-orlando-hernandez-dc

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Español aquí

Click here to demand justice for the assassination of Berta Cáceres!

From Karen Spring, Honduras Solidarity Network Coordinator (see more statements and news stories below):

“March 3, 2016

This evening at approximately midnight, the General Coordinator of COPINH,

Berta Caceres

was assassinated in her hometown of La Esperanza, Intibuca. At least two individuals broke down the door of the house where Berta was staying for the evening in the Residencial La Líbano, shot and killed her. COPINH is urgently responding to this tragic situation.

Berta Caceres is one of the leading Indigenous activists in Honduras. She spent her life fighting in defense of Indigenous rights, particularly to land and natural resources. In 2015, Berta won the Goldman Prize for her outstanding activism and leadership. Her death will have a profound impact on the many Lenca communities that she worked with, COPINH, the Honduran social movement, and all that knew her.

Berta Caceres and COPINH have been accompanying various land struggles throughout western Honduras. In the last few weeks, violence and repression towards Berta, COPINH, and the communities they support, had escalated. In Rio Blanco on February 20th, Berta, COPINH, and the community of Rio Blanco faced threats and repression as they carried out a peaceful action to protect the River Gualcarque against the construction of a hydroelectric dam by the internationally-financed Honduran company DESA. As a result of COPINH’s work supporting the Rio Blanco struggle, Berta had received countless threats against her life and was granted precautionary measures by the InterAmerican Commission for Human Rights. On February 25th, another Lenca community supported by COPINH in Guise, Intibuca was violently evicted and destroyed.”

CRLN, the Honduras Solidarity Network, and our partners in Honduras are all urgently demanding a thorough and immediate investigation of the circumstances surrounding Berta’s death.



Click here to demand justice for the assassination of Berta Cáceres!



News and statements about Berta’s Assassination:

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El Representante Hank Johnson reintrodujo el

Proyecto de Ley Berta Cáceres de Derechos Humanos en Honduras

, en el 115 Congreso como Resolución de la Cámara 1299 (HR 1299) el 2 de marzo. Esta fecha fue el primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres la feminista e activista de derechos indígenas y medioambientales en Honduras. El proyecto de ley suspendería toda la ayuda militar y policial de los Estados Unidos a Honduras, incluyendo equipo y capacitación, hasta que se cumplan condiciones básicas de derechos humanos. La policía y el ejército hondureños han estado implicados en cientos de violaciones a los derechos humanos desde el derrocamiento del gobierno en el 2009, y no deberíamos apoyarlos con nuestros impuestos.

Tenemos una oportunidad asombrosa en los dos últimos años del 115 Congreso (2017-18) para generar suficiente apoyo para este proyecto de ley y lograr su aprobación. Ya, los representantes Schakowsky, Lipinski, Gutiérrez, Rush y Davis de Illinois han firmado para copatrocinar el proyecto de ley.

Aquí hay tres buenas razones por las cuales usted debería firmar su nombre en una carta a su Representante en apoyo de esta resolución. Las cartas serán entregadas por el personal de CRLN cuando estemos en DC para los Días Ecuménicos de Acción (Ecumenical Action Days- EAD):



  1. La familia de Berta apoya este proyecto de ley


    , y nosotros en CRLN creemos en apoyar a los sobrevivientes de los abusos de los derechos humanos. Dos de los sospechosos arrestados en relación con el asesinato de Berta trabajaron en inteligencia militar y fueron entrenados en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos, y la familia de Berta cree que los autores intelectuales del crimen ocupan posiciones en los niveles más altos del gobierno. Retirar apoyo financiero, y expresar las razones por hacerlo, sería un golpe para estas fuerzas y podría debilitar su posición dentro de Honduras.


  2. Los movimientos sociales

    en Honduras (LGBT, mujeres, indígenas, garífunas, sindicatos, ecologistas, pequeños agricultores) y los periodistas que los cubren están bajo constante amenaza de violencia

    y nosotros en CRLN queremos hacer todo lo posible para enviar el mensaje de que tienen solidaridad internacional en estos tiempos peligrosos. Ha habido alegaciones creíbles de un ex miembro del ejército de la existencia de escuadrones de la muerte dentro del ejército hondureño, las cuales han recibido entrenamiento en los Estados Unidos y que tienen una lista de importantes líderes del movimiento social. Tenemos que detener el entrenamiento que los Estados Unidos da y que ayuda a lograr estos asesinatos.


  3. El actual presidente, Juan Orlando Hernández, su administración y partido político están plagados de corrupción.


    Ha sido nombrado por un líder de narcotraficantes en un juicio en Nueva York como receptor de sobornos de su cartel, con el hermano de Hernández actuando como enlace. Su Partido Nacional robó cientos de millones de dólares del sistema nacional del seguro de salud para financiar su primera campaña. Volverá a postularse a la presidencia este otoño, lo cual viola la Constitución; despidió a cuatro magistrados de la Corte Suprema que estaban en contra de la reelección y nombro a cuatro que si estaban a favor. Los Estados Unidos no debe recompensar con fondos a alguien que parece dispuesto a beneficiarse a expensas de su país.

Para más información, le presentamos algunos artículos recientes sobre Honduras:

Lea aquí acerca del Padre Ismael Moreno Coto, o Padre Melo, un sacerdote jesuita “que se ha convertido en uno de los principales líderes opositores de Honduras, el país más violento de Centroamérica”:


https://www.nytimes.com/es/2017/03/26/el-sacerdote-que-se-enfrenta-al-pr…

El Blog

Honduras Resiste

por nuestros companerxs de La Voz de los de Abajo tiene muchos artículos en español e ingles sobre la situación de DDHH en Honduras y Berta Cáceres:


http://hondurasresists.blogspot.com

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Haz click aquí para exigir justicia para el asesinato de Berta Cáceres!

Escrito por Karen Spring, Coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras (Vea abajo para más historias, reflecciones, y artículos sobre la vida y asesinato de Berta):

“3 de marzo, 2016

 

Esta noche del 2 de marzo, aproximadamente a las 11:45 pm, la coordinadora general de COPINH,

Berta Caceres

, fue asesinada en su pueblo natal de la Esperanza, Intibucá. Al menos dos individuos rompieron la puerta de la casa donde Berta se hospedaba en el Residencial La Líbano, le dispararon y la mataron. COPINH está respondiendo de forma urgente a esta situación trágica.

 

Berta Caceras es una de las principales líderes indígenas de Honduras. Paso su vida luchando por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente de su territorio y recursos naturales. En el 2015, Berta ganó el premio Goldman por su lucha y liderazgo incansable como defensora. Su muerte tendrá un impacto profundo en las comunidades Lencas con las que trabajaba, en COPINH, en el movimiento social de Honduras, y en todos quienes la conocieron.

 

Berta Caceres y COPINH han estado acompañando diversas luchas por el territorio en el occidente de Honduras. En estas últimas semanas, la violencia y represión en contra de Berta, el COPINH y las comunidades que apoyan, había escalado. El 20 de febrero en Rio Blanco, Berta, COPINH y la comunidad de Rio Blanco se enfrentaron a amenazas y represión mientras llevaban acabo una actividad pacífica para proteger el Rio Gualcarque de la construcción de una presa hydroeléctrica por parte de la empresa hondureña DESA con financiamiento internacional. Como resultado de el trabajo de COPIHN en apoyo de la lucha de Rio Blanco, Berta recibió múltiples amenazas contra su vida y fue otorgada medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 25 de febrero, otra comunidad Lenca apoyada por COPINH en Guise Intibuca fue desalojada violentamente y destruida.”

 

CRLN, la Red de Solidaridad con Honduras, y todxs nuestrxs compañerxs en Honduras estamos exigiendo urgentemente una investigación exhaustiva e inmediata de los hechos ocurridos.



Haz click aquí para exigir justicia para el asesinato de Berta Cáceres!



Otras historias y declaraciones acerca la vida y asasinato de Berta Cáceres:


Declaración (en facebook) de La Voz de Los de Abajo


Historia en Democracy Now!


Artículo en La Prensa del punto de vista de la madre de Berta

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(Español Aqui)

The end of 2016 and 2017 have seen the adoption of Peace Accords between the Colombian government and the largest rebel group, FARC, and a new round of Peace Talks begun between the government and the smaller rebel group, ELN. At this point, the FARC has demobilized and is moving into designated “camps,” where they will live for an allotted amount of time before being free to relocate. They have been given the right to form a political party and run candidates for public office.

However, other armed groups who were not part of the Peace Accords still roam the countryside and are moving with their weapons into the spaces that the FARC used to control. These are the right-wing successors to the paramilitary groups that were supposedly dismantled ten years ago. Local people they terrorize say these newly named groups contain many of the same individuals who belonged to the former paramilitary groups. They also say that the national security forces do nothing to stop paramilitary violence, even when they are stationed nearby and are asked to do so.

These armed groups have often been deployed to further private interests on valuable land—for example, to violently displace communities of small landholders to provide free land for wealthy individuals or corporations to plant palm oil plantations. By 2017, over 6 million people had been violently displaced from their land in Colombia during the course of the 50+ year war.

Since December of 2016, these reorganized paramilitary groups have gone on a rampage, particularly in areas with African-descended and Indigenous populations, and killed hundreds of people. There is no peace, despite the Peace Accords, in the many areas where these groups are active. Without some commitment on the part of the Colombian government to disarm and dismantle these reorganized paramilitary groups, there will be no peace in Colombia. Nor will there be peace unless those in the paramilitary groups who have committed human rights violations are held to the same standards of justice as members of FARC during the period of transitional justice on the road to peace.

Before he left office, President Obama had promised $450 million to Colombia, much of it to be given to NGOs rather than the government, to support the implementation of the Peace Accords. While CRLN appreciated the diversion of military funds to funds for peace, we thought these funds would be better used if distributed directly to grassroots Colombian groups active in the local places where peace must be realized between former combatants on opposite sides in the war or between combatants from either side and civilian survivors of violence. That may be a moot point, as President Trump and his Secretary of State, Rex Tillerson, have signaled that the US may withdraw support from Colombia’s peace process entirely. We must advocate for continuing support for the peace process, given its fragility and the challenges it faces.


CRLN will be in DC from April 21-24, visiting Illinois Representatives and Senators. Send your signature to D.C. with CRLN

by singing up HERE.

Our ask will be for funding to implement the Peace Accords in Colombia and for Colombian officials to dismantle paramilitaries still active in the country.​

For further reading, here are some recent articles on Colombia:

Amnesty International report on attacks in NW Colombia:


https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/colombia-spike-in-attacks-against-peace-community-shows-conflict-still-alive

Telesur article on paramilitary groups moving into territory left behind as FARC demobilizes:

http://www.telesurtv.net/english/news/Paramilitary-Groups-Fight-To-Take-Over-Lands-Left-by-FARC-20170212-0040.html

Washington Office on Latin America on Colombian Congressional efforts to water down Peace Accords:

Colombia’s New Transitional Justice Law Violates the Spirit of the Peace Accords


NACLA (North American Congress on Latin America) on the importance of continued US-Colombia solidarity:


https://nacla.org/news/2017/02/07/continued-importance-us-colombia-solidarity-trump-era?platform=hootsuite&utm_content=buffer3fe1d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

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More than a month after the murder of Honduran indigenous Lenca activist Berta Cáceres, the Honduran investigation into the crime has gone nowhere. CRLN believes that both the Honduran government and the U.S. State Department are blocking attempts by Berta’s family and human rights groups to transfer the investigation to an international team with no conflicts of interest in the case who could ensure justice.

Berta’s family insists it does not trust Honduran officials to investigate her murder and have called for an

independent, international investigation coordinated by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)

and whose conclusions would lead to a court case to try those responsible.  Honduran law states that the family can have access to the case file and consult with experts of its choosing, but the state prosecutor’s office has refused to share information with them and has ignored their requests for experts to be present at various moments in the investigation. The sole witness to the crime, Mexican environmentalist Gustavo Castro, says that Honduran investigators modified the crime scene and sought to intimidate him into incriminating members of Berta’s organization, COPINH. Honduras’ 98% impunity rate is also grounds for mistrust.

President Juan Orlando Hernández claimed that Honduran investigators were working with the FBI to solve the crime. CRLN members and staff who called the State Department to ask it to support an IACHR investigation were also told that the FBI was working with Honduran investigators. However,

it turns out that this is not true

. Given the U.S. record of support for the current Honduran administration, in spite of massive government corruption uncovered last year and its abysmal human rights record, FBI help might not be what is needed anyway.

President Hernández also called on the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights for help, but as the family and human rights groups quickly pointed out, this office does not conduct investigations, just observes. Finally, President Hernández agreed that the Organization of American States (OAS)’s Commission Against Impunity in Honduras (MACCIH, for its Spanish acronym)  could make an investigation. However, that body is only consultative, and the Honduran government has no obligation to enforce its recommendations. The U.S. State Department agrees, however, that MACCIH is the proper channel for the investigation.

It seems clear that both Honduras and the U.S. are primarily engaged in public relations and damage control around Berta’s murder, not interested in finding the material and intellectual authors of her death. Both are interested in at worst destroying, at best keeping the lid on, social movements which disrupt the ability of corporate extractive industries to do their business. That business is protected by both private security guards and the

Honduran military and police, heavily funded by the U.S

., who are deployed against activists, like Berta and many others, in the social movements. COFADEH, the most prominent human rights organization in Honduras, is talking about the

activity of death squads

again.

Berta’s daughters and son have returned from meetings in the DC area, disappointed at not getting official U.S. support for an IACHR investigation. They have returned to Honduras, where they will participate in an International Solidarity event called “Berta Cáceres Vive” [Berta Cáceres lives] April 13-15, organized by COPINH, the organization their mother co-founded. As U.S. citizens, the ball is in our court now. Stay tuned for next steps as CRLN and other organizations concerned about Honduras identify strategies to prompt a credible investigation into Berta’s death.

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(Español Aqui)

Berta Caceres’ Case

COPINH denounces the continous will of the Honduran State to keep in impunity the case of Berta Cáceres Flores. Read their statement here: (Spanish only)

http://copinhonduras.blogspot.it/2017/04/el-copinh-denuncia-la-reiterada.html

On April 7th,

Two letters by US Senators and Representatives were sent to the US Secretary of State Rex Tillerson expressing their concern about the situation of human right defenders in Honduras.

78 US politicians demand that military and police aid to Honduras be withheld until the situation for human rights defenders improves drastically in the country.

CRLN staff and board members participated, in a Voz de los de Abajo delegation in March, as human rights observers in a march by COPINH and its allies to the Supreme Court. They delivered a letter containing a constitutional challenge to the legality of the Legislative Decrees authorizing the Agua Zarca Hydroelectric Project on the Gualcarque River, something Berta had wanted to do before she was killed. That was March 1, and the Constitutional Chamber has not yet admitted it for consideration by the Supreme Court.

*Karla Lara and Melissa Cardoza, feminists, social justice organizers in Honduras and close friends of Berta Caceres, are doing a US tour April 20th to May 23rd.

Melissa Cardoza’s book,


13 Colors of the Honduran Resistance,
tells thirteen stories of women who joined the resistance to the U.S.-backed 2009 coup d’etat. She will be touring along with her fellow member of the Honduran “Red de Defensoras,” or network of women rights defenders, beloved Honduran jazz/folk protest singer

Karla Lara,

who appears in one of the book’s stories and has been an icon and sharp voice in the resistance.

They will be in Chicago with CRLN on April 30th, Join Us.

Read more about Karla and Melissa and their work here.

2017 National Elections

The Supreme Electoral Tribunal (TSE) is an ally of the Juan Orlando government, by letting him run for the 2017 elections, despite that re-election is prohibited by the Honduran constitution. Now, the TSE wants to forbid the Party Against Corruption (PAC), a major opposition party, from the national elections on November. The TSE wants PAC to hold an internal leadership election on May 21ST. However, this date will give the political opposition just four days to decide on a political alliance- making it extremely hard to form such alliance. By May 25, all alliances must be officially listed.

Garifuna and Indigenous Communities

The UN Special Rapporteur on Indigenous Peoples,

Victoria Tauli-Corpuz, visited Honduras from April 16-21st.

She met with the highest national governmental authorities, representatives of indigenous peoples, civil society organizations and the private sector.

Her first visit to the country was in November 2015

. This second visit was a follow up on observations and recommendations regarding the process to regulate the free, prior and informed consent of indigenous and Afro-Honduran peoples. She presented recommendations to the Honduran government, and many fear that these

recommendations will be ignored once again.

The Honduran government is currently drafting a free, prior, and informed consent (FPIC) law. However indigenous organizations, such as OFRANEH (Garifuna) and COPINH (Lenca) , denounce that the government is

marginalizing indigenous communities from the process and instead the Juan Orlando’s administration is taking over.

There has been a

recent violent attack against labor leaders at the international company Fyffes.

Solidarity Center reports that “Moisés Sánchez, secretary general of the melon export branch of the Honduran agricultural workers’ union, Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), and his brother, union member Misael Sánchez

, say they were attacked late last week by six men wielding machetes as they left the union office in the southern town of Choluteca

, an area where agricultural workers harvest melons and other export produce”.

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Más de un mes después del asesinato de la activista indígena lenca de Honduras Berta Cáceres, la investigación del crimen por el gobierno de Honduras no ha dado ningún resultado. CRLN cree que tanto el gobierno de Honduras y el Departamento de Estado de EE.UU. están bloqueando los intentos de los familiares de Berta y grupos de derechos humanos para transferir la investigación a un equipo internacional con ningún conflicto de intereses en el caso que pudiera garantizar la justicia.

La familia de Berta insiste en que no confía en las autoridades Hondureñas para investigar el asesinato y han pedido una investigación independiente e internacional coordinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cuyas conclusiones podrían conducir a un caso judicial para juzgar a los responsables. La legislación hondureña establece que la familia puede tener acceso al expediente del caso y a consultar a expertos de su elección, pero la oficina del Fiscal del Estado de Honduras se ha negado a compartir información con ellos y ha ignorado sus peticiones de que expertos estén presentes en diversos momentos de la investigación. El único testigo del crimen, el ecologista mexicano Gustavo Castro, dice que los investigadores hondureños modificaron la escena del crimen y trataron de intimidarlo para que incriminar a miembros de la organización de Berta, COPINH. La tasa de impunidad de Honduras (98%) es también motivo de desconfianza.

El presidente Juan Orlando Hernández afirmó que los investigadores hondureños estaban trabajando con el FBI para resolver el crimen. Los miembros de CRLN y el personal que llamaron al Departamento de Estado para pedir apoyo para una investigación dirigida por CIDH, también se les dijo que el FBI estaba trabajando con los investigadores hondureños. Dado el historial de EE.UU. al dar apoyo a la administración actual de Honduras, a pesar de la corrupción masiva del gobierno descubierta el año pasado, y su pésimo historial de derechos humanos, la ayuda del FBI podría no ser lo que se necesita de todos modos.

El Presidente Hernández también llamó a La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)  en busca de ayuda, pero como los familiares y grupos de derechos humanos señalaron rápidamente, esta oficina no lleva a cabo investigaciones, simplemente observa. Por último, el presidente Hernández acordó que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) pudiera hacer una investigación. Sin embargo, dicho organismo es solamente consultivo, y el gobierno de Honduras no tiene la obligación de hacer cumplir sus recomendaciones. El Departamento de Estado de EE.UU. está de acuerdo, sin embargo, que MACCIH es el canal adecuado para la investigación.

Parece claro que tanto Honduras como los EE.UU. cuyas actividades consisten principalmente en relaciones públicas y control de daños en torno a la muerte de Berta, no están interesados en encontrar a los responsables intelectuales de su muerte. Ambos están interesados en destruir y en mantener la tapa sobre los movimientos sociales, que interrumpen la capacidad de las industrias extractivas corporativas para hacer sus negocios. Ese negocio está protegido por guardias privados de seguridad y los militares hondureños y la policía, en gran medida financiados por los EE.UU., los cuales se despliegan contra los activistas, como Berta y muchos otros, en los movimientos sociales. COFADEH, la organización más prominente de los derechos humanos en Honduras, está hablando otra vez de la actividad de los escuadrones de la muerte.

Las hijas y el hijo de Berta han regresado de reuniones en el área de DC, decepcionados por no conseguir el apoyo oficial de EE.UU. para una investigación dirigida por CIDH. Han regresado a Honduras, donde van a participar en un evento internacional de solidaridad, denominado “Berta Cáceres Vive” del 13 al 15 de abril organizado por el COPINH, la organización que su madre co-fundó.

Como ciudadanos de Estados Unidos, la pelota está en nuestra cancha ahora. Manténgase en sintonía para los próximos pasos  que CRLN y otras organizaciones preocupadas por Honduras toman para impulsar una investigación creíble sobre la muerte de Berta.

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