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More than a month after the murder of Honduran indigenous Lenca activist Berta Cáceres, the Honduran investigation into the crime has gone nowhere. CRLN believes that both the Honduran government and the U.S. State Department are blocking attempts by Berta’s family and human rights groups to transfer the investigation to an international team with no conflicts of interest in the case who could ensure justice.

Berta’s family insists it does not trust Honduran officials to investigate her murder and have called for an

independent, international investigation coordinated by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)

and whose conclusions would lead to a court case to try those responsible.  Honduran law states that the family can have access to the case file and consult with experts of its choosing, but the state prosecutor’s office has refused to share information with them and has ignored their requests for experts to be present at various moments in the investigation. The sole witness to the crime, Mexican environmentalist Gustavo Castro, says that Honduran investigators modified the crime scene and sought to intimidate him into incriminating members of Berta’s organization, COPINH. Honduras’ 98% impunity rate is also grounds for mistrust.

President Juan Orlando Hernández claimed that Honduran investigators were working with the FBI to solve the crime. CRLN members and staff who called the State Department to ask it to support an IACHR investigation were also told that the FBI was working with Honduran investigators. However,

it turns out that this is not true

. Given the U.S. record of support for the current Honduran administration, in spite of massive government corruption uncovered last year and its abysmal human rights record, FBI help might not be what is needed anyway.

President Hernández also called on the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights for help, but as the family and human rights groups quickly pointed out, this office does not conduct investigations, just observes. Finally, President Hernández agreed that the Organization of American States (OAS)’s Commission Against Impunity in Honduras (MACCIH, for its Spanish acronym)  could make an investigation. However, that body is only consultative, and the Honduran government has no obligation to enforce its recommendations. The U.S. State Department agrees, however, that MACCIH is the proper channel for the investigation.

It seems clear that both Honduras and the U.S. are primarily engaged in public relations and damage control around Berta’s murder, not interested in finding the material and intellectual authors of her death. Both are interested in at worst destroying, at best keeping the lid on, social movements which disrupt the ability of corporate extractive industries to do their business. That business is protected by both private security guards and the

Honduran military and police, heavily funded by the U.S

., who are deployed against activists, like Berta and many others, in the social movements. COFADEH, the most prominent human rights organization in Honduras, is talking about the

activity of death squads

again.

Berta’s daughters and son have returned from meetings in the DC area, disappointed at not getting official U.S. support for an IACHR investigation. They have returned to Honduras, where they will participate in an International Solidarity event called “Berta Cáceres Vive” [Berta Cáceres lives] April 13-15, organized by COPINH, the organization their mother co-founded. As U.S. citizens, the ball is in our court now. Stay tuned for next steps as CRLN and other organizations concerned about Honduras identify strategies to prompt a credible investigation into Berta’s death.

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Más de un mes después del asesinato de la activista indígena lenca de Honduras Berta Cáceres, la investigación del crimen por el gobierno de Honduras no ha dado ningún resultado. CRLN cree que tanto el gobierno de Honduras y el Departamento de Estado de EE.UU. están bloqueando los intentos de los familiares de Berta y grupos de derechos humanos para transferir la investigación a un equipo internacional con ningún conflicto de intereses en el caso que pudiera garantizar la justicia.

La familia de Berta insiste en que no confía en las autoridades Hondureñas para investigar el asesinato y han pedido una investigación independiente e internacional coordinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cuyas conclusiones podrían conducir a un caso judicial para juzgar a los responsables. La legislación hondureña establece que la familia puede tener acceso al expediente del caso y a consultar a expertos de su elección, pero la oficina del Fiscal del Estado de Honduras se ha negado a compartir información con ellos y ha ignorado sus peticiones de que expertos estén presentes en diversos momentos de la investigación. El único testigo del crimen, el ecologista mexicano Gustavo Castro, dice que los investigadores hondureños modificaron la escena del crimen y trataron de intimidarlo para que incriminar a miembros de la organización de Berta, COPINH. La tasa de impunidad de Honduras (98%) es también motivo de desconfianza.

El presidente Juan Orlando Hernández afirmó que los investigadores hondureños estaban trabajando con el FBI para resolver el crimen. Los miembros de CRLN y el personal que llamaron al Departamento de Estado para pedir apoyo para una investigación dirigida por CIDH, también se les dijo que el FBI estaba trabajando con los investigadores hondureños. Dado el historial de EE.UU. al dar apoyo a la administración actual de Honduras, a pesar de la corrupción masiva del gobierno descubierta el año pasado, y su pésimo historial de derechos humanos, la ayuda del FBI podría no ser lo que se necesita de todos modos.

El Presidente Hernández también llamó a La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)  en busca de ayuda, pero como los familiares y grupos de derechos humanos señalaron rápidamente, esta oficina no lleva a cabo investigaciones, simplemente observa. Por último, el presidente Hernández acordó que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) pudiera hacer una investigación. Sin embargo, dicho organismo es solamente consultivo, y el gobierno de Honduras no tiene la obligación de hacer cumplir sus recomendaciones. El Departamento de Estado de EE.UU. está de acuerdo, sin embargo, que MACCIH es el canal adecuado para la investigación.

Parece claro que tanto Honduras como los EE.UU. cuyas actividades consisten principalmente en relaciones públicas y control de daños en torno a la muerte de Berta, no están interesados en encontrar a los responsables intelectuales de su muerte. Ambos están interesados en destruir y en mantener la tapa sobre los movimientos sociales, que interrumpen la capacidad de las industrias extractivas corporativas para hacer sus negocios. Ese negocio está protegido por guardias privados de seguridad y los militares hondureños y la policía, en gran medida financiados por los EE.UU., los cuales se despliegan contra los activistas, como Berta y muchos otros, en los movimientos sociales. COFADEH, la organización más prominente de los derechos humanos en Honduras, está hablando otra vez de la actividad de los escuadrones de la muerte.

Las hijas y el hijo de Berta han regresado de reuniones en el área de DC, decepcionados por no conseguir el apoyo oficial de EE.UU. para una investigación dirigida por CIDH. Han regresado a Honduras, donde van a participar en un evento internacional de solidaridad, denominado “Berta Cáceres Vive” del 13 al 15 de abril organizado por el COPINH, la organización que su madre co-fundó.

Como ciudadanos de Estados Unidos, la pelota está en nuestra cancha ahora. Manténgase en sintonía para los próximos pasos  que CRLN y otras organizaciones preocupadas por Honduras toman para impulsar una investigación creíble sobre la muerte de Berta.

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NOTICIA:

Después de unos días cuando comunidades Afro-Colombianas ocuparon la Panamericana en el Norte de Cauca, y después de sostener ataques de gas lacrimógeno y balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad, oficiales locales y federales comenzaron a negociar con las comunidades. Afro-Colombianxs organizadxs insisten que sus territorios sean reconocidos y respetados ahora y durante la implementación de los Acuerdos de Paz. Mientras negocian, muchos de los líderes Afro-Colombianos están recibiendo amenazas por actores paramilitares. CRLN y muchos otros demandan que estos paramilitares sean desmobilizados si el Proceso de Paz en realidad llevará paz al país.


Haga click aquí para apoyar la expansión del Proceso de Paz

entre el estado Colombiano y los guerilleros ELN. Estaremos en comunicación continua con más oportunidades de acción y mientras tanto,

haga click aquí para una oportunidad de ir a una delegación

enfocada en lo que está pasando en Colombia en este momento clave de la historia del país.

—————————

De 4/27/2016: La semana pasada, CRLN estuvo en Washington DC, hablando con miembros del Congreso de Illinois pidiendo que apoyen una Comisión Étnica en las negociaciones de paz de Colombia en Havana, Cuba. Ahora,

2,000 Afrocolombianxs están bloqueando la Panamericana en Cauca

exigiendo respeto para sus territorios ancestrales según Ley 70 & que sus comunidades y pueblos Indígenas tengan un lugar en la mesa de negociación para terminar con una guerra que les ha afectado desproporcionadamente mas:

Lxs manifestantes piden diálogos con el estado Colombianx para hacer posible esta Comisión Étnica representando gente Afrocolombiana y pueblos Indígenas.


En vez de diálogos, están atacados con gas lacrimógeno y balas de goma.



¿Qué puedo hacer?




  1. Llame



    su miembro del Congreso


    y pida que: “contacte el Departamento del Estado para urgir un fin inmediato a las agresiones contra las manifestaciones pacíficas de Afrocolombianxs en Cauca. En vez de atacar, el estado Colombiano debe de dialogar con estas comunidades porque diálogo, no violencia, crea paz. Por favor exprese su apoyo para voces Afrocolomianas e Indígenas en la mesa de negociación de paz por una Comisión Étnica.”
  2. Mandar mensajes de Twitter a Presidente Santos: “.

    @JuanManSantos, @carmeninesVicen Nos preocupa mucho: reportes q niños Afrocolombianos están afecatdox por acciones de ESMAD en Cauca!”


  3. Done para apoyar a los esfuerzos de las comunidades Afrocolombianas organizadas


    para exigir respeto a sus territorios y un lugar en la mesa de necociación.




¿Cómo puedo ver noticias de la situación?




Sigue la página de Facebook de CRLN


y vea el


sitio de la Red de Solidaridad con Afrocolombianxs


, de cual CRLN es una organización miembo.



¿Por qué es tan importante esta situación?


Comunidades Afros e Indígenas han sido afectados desproporcionadamente por cinco décadas de guerra civil, desplazadas de sus territorios ancestrales reconocidos legalmente, e invadidos por industrias extractivas y otros intereses privados. Si la gente más afectada por la violencia no tienen voz en decidir como termina la violencia, no somos optimistas de los resultados de las Negociaciones de Paz.



¿Qué ha sido la respuesta del estado Colombiano?


Hasta ahora, la respuesta es gas lacrimógeno (que mandó a tres niños al hospital), bombas de humo, y balas de goma. La gente exigen diálogo, no violencia.

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Make three important phone calls today that will make a difference in these ongoing human rights campaigns!



Click here to find your member


of the House of Representatives. Then call Senator Durbin’s office at 202-224-2152 and Senator Kirk at 202-224-2854.

“Hi. My name is ________. I’m a member of the Chicago Religious Leadership Network on Latin America and I’m calling to ask that Representative/Senator ______:

(1) contact the State department and express support for Afro and Indigenous voices in the Colombian Peace Process through an Ethnic Commission and a thorough demobilization of paramilitary groups still active in Colombia.

(2) I would also like Representative/Senator _______ to talk to the State department to demand an investigation into the murder of Berta Caceres led by the Inter-American Commission on Human Rights. I would also ask that they support an immediate hold on security funding to Honduras and 100% human rights conditioning for 2017.

(3) Lastly, please support an end to the U.S. embargo on Cuba and a lifting of travel restrictions by supporting the following bills:

(Only for Reps in the House)

H.R. 3687, H.R. 3055, H.R. 3238 and HR 664

(Only for Senators)

S. 299 and S. 491


Thank you.”

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Family members of Berta Caceres found out May 2 only through the media that 4 arrests had been made in connection with her murder.  While Honduran law gives victims of crimes the right to participate in investigations and to receive ongoing information as the investigation proceeds, Berta’s relatives have been entirely shut out of the process, even to the extent of not receiving notification of the arrests from the Attorney General’s office.

The family does not trust that the arrests made are the result of thorough evidence gathered and are concerned that there are no particular charges relating to what each suspect actually did and that they all have denied involvement in this crime.  The family also points out that the intellectual authors of the crime have not been arrested or charged. They continue to ask for the participation of the Inter-American Commission on Human Rights and for the right to receive information about Berta’s case from the Attorney General’s office.

You will find below the family’s statement enumerating their concerns.


English:

Findings By the Attorney General’s Office Regarding the Assassination of Berta Cáceres Are Insufficient

Findings By the Attorney General’s Office Regarding the Assassination of Berta Cáceres Are Insufficient



Spanish:

Hallazgos del ministerio público sobre asesinato de Berta Cáceres son insuficientes


http://bertacaceres.org/es/findings-by-the-attorney-generals-office-regarding-the-assassination-of-berta-caceres-are-insufficient

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Español aquí

On Wednesday, June 15th, people all over the world demonstrated outside Honduran Embassies and Consulates in solidarity with the Civil Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH). It was COPINH’s Global day of Action for Justice for Berta and demonstrations occurred in over 30 cities across the world.

Meanwhile, after much grassroots organizing and pressure, Representative Hank Johnson (D-Georgia) introduced H.R.5474, the “ Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act”. We have a powerful and rare legislative opportunity to demand an immediate hold on all U.S. security aid to Honduras, which is currently fostering death squad activity directly linked to Berta Cáceres’ assassination.


To act now, click here to find your member of the House of Representatives, call their office in Washington DC, and ask to speak to the Foreign Policy staffer. If they are not available, you can leave them the following message or if you catch them in the office, you can tell them the following:

“I’m calling to ask that Rep. _________ support H.R.5474, the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act. 

My community does not want our tax dollars funding death squads in Honduras. Instead we want a full and independent investigation into the murder of Berta Cáceres, prosecution of the intellectual and material authors of her murder, and the establishment of democratic systems of justice in Honduras in order to protect the rights of hundreds of political activists under attack all over the country.”

Thus far, the only Illinois Rep to support the bill is Congresswoman Jan Schakowsky, a long-time champion for human rights in Honduras and the first member of Congress to travel to Honduras after the military coup in 2009. If you’re in Jan’s district, call and thank her!

Otherwise, please take one minute to call your Representative and ask them to support H.R. 5474, a crucial and timely bill that demands that all U.S. aid to Honduran security forces must cease, and that the U.S. must vote no on all loans from multinational development banks to Honduras until the following conditions are met:

  • A full investigation and prosecution into the murders of Berta Cáceres, 100 small-farmer activists in the Aguán Valley, Joel Palacios Lino and Elvis Armando García.
  • A full investigation and prosecution of the armed attack against Félix Molina.
  • A full investigation and prosecution of those members of the Honduran military and police forces who have committed human rights abuses.
  • That the Honduran military withdraw from domestic policing, as mandated in the constitution.
  • That the rights of “…land rights defenders; trade unionists; journalists; Indigenous, Afro-Indigenous, small farmer and LGBTI activists; human rights defenders; critics of the government; and other civil society activists…” are protected.
  • Take steps toward establishing the rule of law and strong democratic systems such as a functioning judiciary branch capable of prosecuting member of the military and police forces.

Members of the House need to hear from constituents and your phone call will make a huge difference! CRLN, along with people from all over the U.S., will continue pressuring members of Congress to support H.R.5474.


Join this fight and call your Rep today!

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El miércoles pasado, 15 de junio, personas de todos lados del mundo demostraron fuera de Embajadas y Consulados Hondureños solidaridad con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Eso fue el Día de Acción Global de Justicia para Berta, organizado por COPINH y el cual incluyó manifestaciones en más de 30 ciudades por todo el mundo.

Mientras tanto, después de mucho trabajo y presión por grupos de base, el representate Hank Johnson (D-Georgia) introdujo el H.R.5474, el “Proyecto de Ley ‘Berta Cáceres’ de Derechos Humanos en Honduras”. Ahora tenemos una oportunidad importante y rara para exigir una pausa inmediata de toda la asistencia de seguridad por parte de EE.UU. a Honduras, que actualmente fomenta actividad de escuadrones de muerte conectada directamente con el asesinato de Berta Cáceres.

Para tomar acción ahora,

haz click aquí

para encontrar su representante de la Cámara Baja, llame a su oficina en Washington DC, y pide hablar con el personal de política exterior. Si esa persona no está disponible, puedes dejarle un mensaje o si logras hablar con él/ella, le puede decir lo siguiente:

“Llamo para pedir que mi Representante __________ apoye el H.R.5474,

Proyecto de Ley ‘Berta Cáceres’ Derechos Humanos en Honduras

. Mi comunidad no quiere que nuestros impuestos financien a los escuadrones de muerte en Honduras. Mejor, queremos una investigación completa e independiente del asesinato de Berta Cáceres, acusación formal de los autores materiales e intelectuales de su asesinato, y el establecimiento de un sistema de justicia democrático en Honduras para proteger los derechos de los cientos de activistas políticos bajo ataque en todo el país.”

Hasta ahora, la única Congresista que apoya el proyecto de ley es Jan Schakowsky, una defensora de derechos humanos en Honduras y la primera Congresista que viajó a Honduras después del golpe de estado en 2009. Si vives en su distrito, llámala para agradecerle!

Si no, por favor toma un minuto para llamar a tu Representante y pedir que apoye al Proyecto de Ley H.R.5474, un proyecto de ley importante y oportuno que exige que se pare toda la asistencia de EE.UU. a las fuerzas de seguridad de Honduras y que los EE.UU. vote ‘no’ en todos los préstamos de los bancos multinacionales de desarrollo a Honduras hasta que se cumplen con las siguientes condiciones:

  • Una investigación completa y acusación formal del asesinato de Berta Cáceres, 100 campesinos en el Valle Aguán, Joel Palacios Lino y Elvis Armando García.

  • Una investigación y acusación formal del ataque armado en contra Félix Molina.

  • Una investigación y acusación formal de los miembros del ejército Hondureño y las fuerzas policiacas que han cometido abusos de derechos humanos.

  • Que el ejército Hondureño deja de involucrarse en trabajo policiaca, acuerdo con la constitución Hondureña.

  • Que los derechos de “…defensores de derechos territoriales; sindicalistas; periodistas; activistas Indígenas, Afro-Indígenas, campesinas y LGBTI; críticos del gobierno; y otros activistas de la sociedad civil…” sean protegidos.

  • Tome pasos hasta establecer el estado de derecho y sistemas fuertes demócratas como un poder judicial capaz de acusar un miembro del ejército y fuerzas policiacas.

Miembros de la Cámara Baja necesitan oír de la comunidad y su llamada hará una gran diferencia! CRLN, con personas de todos lados de los EE.UU., seguimos presionando a los Congresistas para que apoyen al H.R. 5474. Únete a esta lucha y llama a tu Representante hoy!

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Español aquí


Photo: Government and FARC negotiators finalize details of the Peace Accords where the Ethnic Chapter will be included

After four and a half years of preliminary and formal negotiations and 52 years of war, the Colombian state and FARC guerillas have concluded their peace negotiations and finalized the Peace Accords.

This moment is certainly historic and will mark the first experience of official peace ever experienced by many Colombians. And while we celebrate an end to the fighting between the Colombian state and FARC guerrillas, we also know that the months and years to come will be deeply challenging as real peace is hopefully established for the many sides of Colombian society, not just these two sides of the armed conflict.

CRLN first heard about the finality of the Accords on Tuesday, August 23rd, when our partners at Black Communities’ Process (PCN, their acronym in Spanish) alerted us that the agreements would be signed without the inclusion of an ‘Ethnic Chapter’. For years, African descendant and Indigenous communities have been fighting for a place at the negotiating tables and have organized themselves into an Ethnic Commission constituted by the National Afro-Colombian Peace Council (CONPA), the National Indigenous Organization of Colombia (ONIC), and the High Government of Indigenous Authorities.

The Ethnic Commission is crucial to a successful and sustainable peace, because much of the peace process concerns rural land that is ancestral territory to the disproportionately African descendant and Indigenous survivors of displacement and violence.

The Ethnic Commission drafted an in-depth ‘Ethnic Chapter’ for the negotiating parties to include in their final accords that would help guarantee successful implementation of the accords in many rural, Indigenous and African-descendant territories. This Ethnic Chapter represents the concerns of organized communities most affected by the violence of the conflict and will help ensure that this final agreement complies with international and Colombian law and anti-racism agreements.

When the Ethnic Commission called for action on Tuesday morning, CRLN and coalition partners across the country responded with as much pressure as possible on Colombian and U.S. officials to include the Ethnic Chapter in the final accord language. Black and Indigenous leaders flew to Havana late Tuesday night and Wednesday morning to negotiate the final version of the Ethnic Chapter. Late on Wednesday night, August 24th, we heard from Colombian partners that the ethnic chapter was included, albeit reduced from nine pages to four, in the official Colombian Peace Accords.

Due to consistent pressure, solidarity work and on the ground mobilizations by African descendant and Indigenous peoples, the Ethnic Commission has helped shape what peace will look like in their territories for the mostly Black and Indigenous survivors of violence, most of whom are women.

At CRLN, we will continue working in coalition with national and international allies until true peace is achieved in Colombia. We will continue monitoring the situation as the accords move through a plebiscite vote by the Colombian people. We’ll continue following the lead of our partners in Colombia’s Ethnic Commission, who will be monitoring the implementation of the Accords, ensuring that the Colombian state integrate the Ethnic Commission’s recommendations for peace in their communities.

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Mujeres en Resistencia: Reporte de la Delegación de la Comisión de Derechos en Guatemala

Fotos:Trischa Goodnow

La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala llevo a cabo su delegación anual en Agosto centrada en el rol crucial de las mujeres Guatemaltecas en la defensa de los derechos humanos. La delegación titulada “Defensoras: Mujeres Guatemaltecas Defendiendo Tierra, Justicia, y Derechos Humanos”,  tomo lugar en diferentes localidades de Guatemala en las fechas de 30 de Julio al 7 de Agosto del 2016. Marisa León Gómez, miembro del personal de CRLN, se unió a otras mujeres que trabajan y promocionan los derechos humanos en los Estados Unidos y Latino América para aprender y compartir con sus colegas en Guatemala. La delegación comenzó en la ciudad de Guatemala con visitas a diferentes organizaciones, luego viajo a Nebaj, en el departamento de Quiche para encontrarse con mujeres de la Comunidad Maya Ixil, regreso a la Cuidad de Guatemala, y termino con una visita a las comunidades de San Jose del Golfo y San Pedro Ayampuc, las cuales están en una resistencia pacífica en contra de una minería Estadunidense. La primera visita de la delegación fue a una exhibición permanente ¿Por qué estamos como estamos?, para que las delegadas obtuvieran información de fondo de la situación de racismo, discriminación, desigualdad y violencia que actualmente aflige a la sociedad Guatemalteca.


Actualización de la Puya


La Resistencia de la Puya

es una resistencia pacífica por las comunidades de San Jose del Golfo y San Pedro Ayampuc en contra de la minería Estaunidense de oro Kappes, Cassidy & Associates. CRLN ha apoyado la Resistencia de la Puya, la cual se ha estado organizando en contra de la mina y en la defensa de su agua desde hace cuatro años y medio. En el 2012, Miriam Pixtun Monroy, lideresa Maya Indígena de la resistencia, asistió y hablo brevemente acerca de la resistencia en el Encuentro Anual de CRLN, después de que el orador principal termino. Martha Pierce, miembro de la Junta Directiva de CRLN, visita la resistencia cada año conjunto a su delegación que hace en Guatemala.  La delegación de GHRC se encontró con Miriam en la Cuidad de Guatemala y luego viajaron a La Puya para ver personalmente la resistencia. Miembros de la resistencia, explicaron los nuevos avances a la delegación y las luchas que encuentran mientras continúan resistiendo pacíficamente la presencia de la mina en sus comunidades:

  • La compañía minera nunca obtuvo un permiso legal de construcción para operar y también fallo en consultar a las comunidades antes de empezar la minería, violando los Acuerdos de Paz de Guatemala de 1996.
  • Miembros de las comunidades han sido criminalizados, ha habido opresión militar y policial, y una gran división de familias ( en ciertas familias, ciertos miembros trabajan para la mina y otros miembros se oponen a la mina y son parte de la resistencia)
  • La comunidad gano amparos en contra de la compañía minera, lo cual tuvo que haber parado cualquier actividad minera desde Noviembre del 2015. Sin embargo, las comunidades no fueron notificadas de su victoria hasta Enero del 2016.
  • Debido a que la compañía minera no paro sus actividades aun con una orden de la Corte Constitucional, la comunidad comenzó una segunda resistencia en frente del Ministerio de Energía y Minas en la Cuidad de Guatemala la cual llamaron

    “ La Puyita”

    . Esto se debe a que el Ministerio de Energía y Minas dijo que iba a “analizar” la orden de la Corte Constitucional, en vez de simplemente acatar la orden como se supone que lo tienen que hacer.
  • Debido a la resistencia en ambos lados, La Puya y la Puyita, la compañía minera finalmente paro todas sus actividades el 10 de Mayo del 2016. Legalmente, no debería de haber ninguna actividad dentro de la mina. Sin embargo en la visita de la delegación a la Puya, los delegados presenciaron un carro conduciéndose en el complejo de mina y miembros de la resistencia reportaron actividades mineras llevadas a cabo por helicópteros y otras formas.
  • Miembros de la resistencia, también reportaron que hay rumores que el Ministerio de Energía y Minas quiere utilizar otro amparo justificándose en que Kappes, Cassidy & Associates han invertido más de $40 millones, y que deben completar su trabajo para que todo su capital no se desperdicie y para que inversores extranjeros no tengan miedo de invertir en Guatemala.
  • Las comunidades ya están vigilantes del hecho que la compañía minera puede demandar al Gobierno de Guatemala,

    como fue el caso en El Salvador.

  • La resistencia realmente aprecia la presión en contra del Gobierno de Guatemala y  de la compañía minera y el trabajo de solidaridad con su causa. Miembros de la resistencia dicen que el apoyo internacional es muy importante para su trabajo y para la defensa de los ríos y el medio ambiente.


La CICIG, Corrupción y El Ministerio Publico de Guatemala

La organizaciones de derechos humanos y de justicia social aprecian el trabajo de la

Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala  (CICIG).

Muchas defensores y defensoras de derechos humanos durante la delegación expresaron que el record de derechos humanos de Guatemala sería peor de no ser por la CICIG. Sin embargo, muchas organizaciones dijeron que la CICIG está fallando en trabajar con mujeres y movimientos u organizaciones indígenas.

La Red de No Violencia en Contra de la Mujer (REDNOVI)

expreso que la CICIG no ha beneficiado la prevención de la violencia en contra de la mujeres. La representante de REDNOVI espera que la CICIG comience una investigación de estructuras paralelas que previenen el proceso de la prevención de la violencia en contra de la mujer pueda avanzar. Igualmente, miembros de la resistencia de la Puya esperan que la CICIG pueda ayudar con su caso. Como se explicó arriba, la compañía minera Estadunidense Kappes, Cassidy & Associates ha operado ilegalmente en Guatemala, y miembros de la resistencia han sido injustamente criminalizados.

Adicionalmente,  El Ministerio Publico de Guatemala ha tenido un rol prominente en los casos de corrupción de oficiales de alto rango. La actual Fiscal, Thelma Aldana, llevo a cabo investigaciones que probaron que el ex- Presidente Otto Pérez Molina y la ex- Vicepresidente Roxana Baldetti estuvieron involucrados en el escándalo de corrupción de la aduana en Guatemala. La Fiscal previa, Claudia Paz y Paz, hizo un gran cambio en el sistema judicial de Guatemala, siendo su mayor logro la sentencia en cargos de genocidio y crimines de lesa humanidad del Militar General y  ex-Presidente Efraín Ríos Montt. La sentencia de Ríos Montt fue anulada por la Corte Constitucional días después, Sin embargo la juez Paz y Paz desafío el statu quo en Guatemala y abrió las puertas de la justicia, las cuales habían estado cerradas por mucho tiempo.

La corupcion rampante en Guatemala continua, tanto en el gobierno como en la oligarquía Guatemalteca. Impuestos bajos y/o evasión de impuestos por los ricos de Guatemala continúan teniendo un gran efecto en el país. Iduvina Hernandez, de

SEDEM

, explico a la delegación que el 6% más rico de la población evita pagar impuestos, y los que sí pagan (las clases trabajadoras) son robados por el gobierno. Los niveles de impunidad en Guatemala son alrededor del 90% por corrupción y evasión de impuestos. Igualmente, los  gobernantes de Guatemala defienden de cualquier manera posible los intereses económicos de la elite y de empresas extranjeras. Todo esto roba al estado de fondos, haciéndolo difícil que la situación vulnerable del país mejore.


La Administración de Jimmy Morales y los Militares

A pesar de haber progreso en Guatemala en las áreas de impunidad y corrupción, con el arresto del ex Presidente y Vicepresidente, el gobierno de Jimmy Morales está lejos de ser el ideal. El Presidente Morales ha sido vinculado con y ha defendido a los militares que estuvieron involucrados en el conflicto armado interno y en violaciones de derechos humanos. Morales ha reclamado el país vecino de Belice como Guatemalteco, ha incluido mensajes xenofóbicos y racistas como parte de su comedia, y ha negado que el genocidio en contra de la Comunidad Maya Ixil haya ocurrido.


Plan Alianza de la Prosperidad


CRLN,

conjunto a otras organizaciones, están dudosos del Plan propuesto como Alianza para la Prosperidad, dando $750 millones de dólares a los países del Triángulo Norte: Honduras, Guatemala, y El Salvador. Las organizaciones de derechos humanos están escépticos de las siguientes tres razones: a) El plan apoya la inversión extranjera en los tres países, lo cual puede resultar en situaciones como la de la Puya, b)Una gran parte del dinero va hacia los militares y las iniciativas de seguridad, a pesar de que hay pruebas de violaciones a derechos humanos por los militares y y la correlación de los altos niveles de violencia con la presencia de los militares en las calles, c) El dinero va a gobiernos corruptos los cuales tienen records terribles en valorar los derechos humanos. Adicionalmente, el plan se ve como un esfuerzo para parar inmigración a los EE.UU. a través de la militarización y la detención de inmigrantes antes de que lleguen a tierras Estadunidenses. Los delegados de GHRC se reunieron con representantes de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y encontraron que los EE.UU. todavía tiene confianza en los militares de Guatemala, al expresar que, “ los militares del presente son diferentes”.  La delegación tuvo una discusión con el representante de la Embajada Estadunidense acerca de puntos de consternación en el ámbito de derechos humanos en Guatemala.


Mujeres en Resistencia (Lista y Resumen de Organizaciones durante la delegación)

La primera reunión organizacional fue con

FAMDEGUA

(Familias de Desaparecidos de Guatemala) la cual fue fundada por familiares, sobre todo madres y esposas, de los desaparecidos del conflicto armado interno. 45,000 personas fueran desaparecidas forzosamente  durante el conflicto armado en Guatemala. FAMDEGUA tiene un papel crucial en el rol de exhumaciones de cementerios clandestinos y reparaciones a las víctimas, así como acompañar casos como el de la mascare de las Dos Erres. A pesar de recibir amenazas a muerte y vandalismo en sus oficinas, de 107 exhumaciones hechas, 1276 restos han sido recuperados.

La siguiente fue una reunión con

SEDEM

(Seguridad en Democracia). Guatemala siendo un país extremadamente peligroso para defensores y defensoras de derechos humanos, SEDEM trabaja en en la evaluación de riesgos y medidas de autoprotección para los defensores. SEDEM trabaja tambien con la reforma del ejército y la policía desde una perspectiva de derechos humanos y en la desclasificación de información de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

La siguiente reunión tomo lugar en Nebaj, en el departamento de El Quiche, donde hubo un genocidio de la comunidad Maya Ixil.

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

es una organization que trabaja en factores psicosociales con individuos y comunidades que han sufrido 30 años del conflicto armado interno. Esto incluye trabajar y brindar apoyo psicosocial a las mujeres y las comunidades indígenas que ahora son testigos de los juicios por genocidio y / o violencia sexual durante el conflicto armado.

Luego la delegación se reunió con

la Asociación Flor de Maguey y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH.

La reunión con la Asociación Flor de Maguey fue probablemente la más emotiva para la delegación, ya que la Asociación consiste en un grupo de mujeres sobrevivientes mayas del genocidio en la región de Quiché. La delegación escuchó el testimonio de cada mujer en el idioma maya Ixil, luego traducido al español y más tarde al Inglés. Las mujeres hablaron de diferentes traumas vividos durante y después del conflicto armado interno, incluyendo el sufrimiento de violencia sexual, la desaparición forzada de miembros de la familia, presenciar la matanza de miembros de la familia, y testificar en el caso de genocidio de Ríos Montt. Las mujeres formaron una red de apoyo en sus comunidades y se ayudaron mutuamente a sanar al compartir sus historias, el dolor y la búsqueda de la justicia.

CALDH

es un grupo que apoya a grupos como la Asociación de la flor Maguey, proporcionando acompañamiento pysco-social y ayudando a luchar por la verdad y la justicia.

Finalmente en Nebaj, Las delegadas se reunieron con

la Red de Mujeres Ixiles

la cual consiste en una red de 364 mujeres que trabaja para apoyar a las víctimas de la violencia actual contra las mujeres y para avanzar en los derechos de las mujeres.

De regreso en la Cuidad de Guatemala, la última visita organizacional fue con

La Red de No Violencia en Contra de la Mujer (REDNOVI),

la cual trabaja para prevenir, actuar y eliminar todas las formas de violencia y opresión en contra de las mujeres. REDNOVI trabaja en leyes, políticas públicas y mecanismos específicos por la defensa y el avance de las mujeres. La red está formada por diferentes organizaciones que trabajan en diferentes áreas en la defensa de los derechos de la mujer.

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(Español abajo) This week will mark eight months without justice in the assassination of Berta Cáceres. Her murder in March of this year was an escalation against Honduran social movement leaders in an already violent environment rampant with impunity. Meanwhile, Honduran social movements continue at great risk to resist the militarization of their communities with U.S. security aid. There have been

several more high level assassinations

of

human rights leaders

since March–this has got to stop!

Support the work of Central American communities struggling on the front lines!



Click here to sign CRLN’s letter to your Representative



asking them to support H.R.5474, the “

Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act

,” which would suspend U.S. security aid to Honduras until the Honduran police and military demonstrate respect for human rights according to international standards.


Resiste Militarización en Honduras HOY

Esta semana marcará ocho meses sin justicia en el asesinato de Berta Cáceres. Su asesinato en marzo de este año fue una escalación en contra de lxs líderes Hondureñxs de movimientos sociales en un ambiente ya lleno de impunidad y violencia. Mientras tanto, los movimientos sociales en Honduras siguen resistiendo la militarización, la cual se lleva a cabo con fondos de seguridad de los EE.UU, de sus comunidades. Desde el marzo,

han sido varios otros asesinatos

de

líderes de derechos humanos

–¡ya basta!

¡Apoye el trabajo de las comunidades en el frente de la lucha!



Firme nuesta carta a su Representante



urgiendo que apoye H.R.5474, el “

Proyecto de Ley de Derechos Humanos en Honduras ‘Berta Cáceres’

,” que suspendería asistencia de seguridad de los EE.UU. a Honduras hasta que su ejército y policía conformen con normas internacionales de derechos humanos.

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