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OFRANEH

, 25 de mayo: Marcha de las mujeres indígenas y negras en Tegucigalpa, exigiendo un alto a la criminalización y el enjuiciamiento de las defensoras de derechos humanos y #JusticiaparaBertaCaceres)

En marzo de 2017,

Global Witness publicó un informe

que nombraba a Honduras como el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos humanos y medioambientales. Esto causó conmoción en el gobierno hondureño y los medios de comunicación, especialmente por la participación de funcionarios gubernamentales en empresas transnacionales y proyectos de desarrollo. Unos días más tarde, dos miembros del personal de CRLN y un miembro de la Junta Directiva viajaron a Honduras en una delegación de La Voz de los de Abajo. Se unieron a muchos visitantes internacionales, organizaciones y otras delegaciones en el país para actos de conmemoración del primer aniversario de la muerte de Berta Cáceres. Nuestra delegación vio y habló directamente con defensores de derechos humanos, líderes de comunidades indígenas, obreros, campesinos, miembros de la oposición y estudiantes que explicaron el peligro de defender sus derechos en Honduras. El siguiente informe refleja las demandas y peligros descritos en el reporte de Global Witness y lo que escuchamos en nuestra delegación en marzo de las comunidades afectadas. En Honduras,

como en toda América Latina

, ser un defensor ambiental y de derechos humanos es un gran peligro.


El representante de OFRANEH y líder Garifuna, Cesar Geovany Bernárdez, fue detenido el 18 de mayo y acusado de usurpación o posesión ilegal de tierra por el empresario canadiense Patrick Forseth de CARIVIDA.

Cesar Geovany Bernárdez fue acusado de usurpar tierras que se encuentran dentro del título comunitario otorgado a la comunidad garífuna de Guadalupe. La delegación de La Voz de los de Abajo se reunió con Cesar y otros líderes garífunas en el área de Barra Vieja en Marzo. Los líderes garífunas hablaron con la delegación sobre cómo han estado luchando contra las ventas ilegales de tierras de sus comunidades a proyectos de desarrollo estadounidenses y canadienses. Su comunidad ha estado rodeada de guardias privados, militares y cercas.

CARIVIDA Villas

, un proyecto canadiense de desarrollo turístico y de vivienda, está ilegalmente en posesión de tierras garífunas y obtuvo los documentos de propiedad de tierras, así como las órdenes de captura de Geovany mediante corrupción y abuso de autoridad con la ayuda del gobierno hondureño. Geovany fue puesto en libertad al día siguiente; Sin embargo, se le dieron medidas sustantivas, lo que significa que su libertad está restringida. Tiene que firmar con frecuencia ante un juez en Trujillo y no se le permite salir del país, entre otras restricciones.

OFRANEH publicó una declaración que concluye

: “Una vez mas ratificamos y denunciamos que las comunidades Garífunas de la Bahia de Trujillo, afectadas por los proyectos turísticos y habitacionales de la mafia canadiense, nunca fueron consultadas para obtener su consentimiento previo, libre e informado; violando de esta forma el Convenio 169 de la OIT.”

Además,

la criminalización de los campesinxs continúa en la región sur de Honduras.

Defensores en Línea informan que el campesino y pescador Julio César Canales Torres fue detenido el 14 de mayo por usurpación de tierras.


Actualización del caso de Berta Cáceres

El 17 de mayo, el equipo legal que representa a Berta Cáceres y su familia denunció ante el Ministerio Público de Tegucigalpa la irregularidad con que se está llevando a cabo la investigación y proceso judicial de su asesinato. Al equipo legal de la familia se le ha negado repetidamente el acceso a la información sobre el caso. Por ejemplo, habia una audiencia programada para el caso de Berta el 24 de mayo; Sin embargo, el equipo legal que representa a su familia tuvo que pedir por segunda vez que se posponga la audiencia, ya que la información necesaria no fue entregada a tiempo a los abogados. La audiencia está ahora programada para el 7 de junio.

La delegación se reunió con la hija de Berta Cáceres y con COPINH, que exigen una investigación independiente de su asesinato y que los autores intelectuales sean llevados ante la justicia.


Trabajadores

Empleadas de Delta despedidas

“Entre los días 5 y 7 de abril de 2017, Delta Apparel, con sede en Estados Unidos, despidió a más de 40 trabajadores que sufren de lesiones músculo-esqueléticas debilitantes en su fábrica de Villanueva, Cortés, Honduras. 25 de los 40 trabajadores se han negado a aceptar los asentamientos y están exigiendo que Delta Apparel les devuelva su trabajo “.


Por favor lea aquí

, acerca de cómo puede apoyar a las 25 empleadas despedidas a recuperar su trabajo y exigir que Delta US Apparel deje de exponer a sus trabajadores a lesiones y factores de riesgo para la salud.


Campesinxs se declararon en huelga contra Tela Railroad Company

Más de 2.000 campesinxs hondureñxs se apoderaron de diez granjas durante 17 días pertenecientes a la Tela Railroad Company, una compañia sucesora de la ahora disuelta United Fruit Company. Los campesinxs exigían mejores condiciones de salud y de trabajo. Después de 17 días de huelga, la empresa y los trabajadores llegaron a un acuerdo. Sin embargo,

como informa Radio Progreso

, los riesgos para la salud y los peligros de trabajar en el campo y con productos químicos continúan para los campesinxs.


Elecciones de noviembre de 2017

Al acercarse las elecciones de 2017, la Alianza de Oposición, formada por partidos políticos de oposición , incluido el Partido Anticorrupción (PAC) y LIBRE, eligió a Salvador Nasralla como candidato para representar a la oposición en las elecciones de 2017.


Informe sobre asesinatos de la DEA en Ahuas, Honduras




The Center for Economic and Policy Research explica:




Un nuevo

informe

de las Oficinas del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia (DJ) y el Departamento de Estado (DE) de los EEUU afirma que agentes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) se encontraban bajo control operacional durante un

incidente notorio en Ahuas

, Honduras, en mayo de 2012, en el que cuatro campesinos miskitu fueron asesinados y otros tres gravemente heridos. La evidencia encontrada contradice

anteriores declaraciones

de oficiales de la DEA según las cuales sus agentes jugaron tan solo un rol de “apoyo” en el incidente, “no dispararon una sola ráfaga”, siendo “la conducta del personal de la DEA consistente con los protocolos, políticas y procedimientos vigentes de la agencia”.

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Español aquí

On Wednesday, June 15th, people all over the world demonstrated outside Honduran Embassies and Consulates in solidarity with the Civil Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH). It was COPINH’s Global day of Action for Justice for Berta and demonstrations occurred in over 30 cities across the world.

Meanwhile, after much grassroots organizing and pressure, Representative Hank Johnson (D-Georgia) introduced H.R.5474, the “ Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act”. We have a powerful and rare legislative opportunity to demand an immediate hold on all U.S. security aid to Honduras, which is currently fostering death squad activity directly linked to Berta Cáceres’ assassination.


To act now, click here to find your member of the House of Representatives, call their office in Washington DC, and ask to speak to the Foreign Policy staffer. If they are not available, you can leave them the following message or if you catch them in the office, you can tell them the following:

“I’m calling to ask that Rep. _________ support H.R.5474, the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act. 

My community does not want our tax dollars funding death squads in Honduras. Instead we want a full and independent investigation into the murder of Berta Cáceres, prosecution of the intellectual and material authors of her murder, and the establishment of democratic systems of justice in Honduras in order to protect the rights of hundreds of political activists under attack all over the country.”

Thus far, the only Illinois Rep to support the bill is Congresswoman Jan Schakowsky, a long-time champion for human rights in Honduras and the first member of Congress to travel to Honduras after the military coup in 2009. If you’re in Jan’s district, call and thank her!

Otherwise, please take one minute to call your Representative and ask them to support H.R. 5474, a crucial and timely bill that demands that all U.S. aid to Honduran security forces must cease, and that the U.S. must vote no on all loans from multinational development banks to Honduras until the following conditions are met:

  • A full investigation and prosecution into the murders of Berta Cáceres, 100 small-farmer activists in the Aguán Valley, Joel Palacios Lino and Elvis Armando García.
  • A full investigation and prosecution of the armed attack against Félix Molina.
  • A full investigation and prosecution of those members of the Honduran military and police forces who have committed human rights abuses.
  • That the Honduran military withdraw from domestic policing, as mandated in the constitution.
  • That the rights of “…land rights defenders; trade unionists; journalists; Indigenous, Afro-Indigenous, small farmer and LGBTI activists; human rights defenders; critics of the government; and other civil society activists…” are protected.
  • Take steps toward establishing the rule of law and strong democratic systems such as a functioning judiciary branch capable of prosecuting member of the military and police forces.

Members of the House need to hear from constituents and your phone call will make a huge difference! CRLN, along with people from all over the U.S., will continue pressuring members of Congress to support H.R.5474.


Join this fight and call your Rep today!

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CRLN  is seriously concerned about increasing levels of violent threats against the Lenca indigenous inhabitants of Rio Blanco, who have been resisting the illegal construction of a hydroelectric dam across a river on their lands. This is exactly the type of escalating threats that ended in the murder of Berta Caceres, so it is imperative that we act now. We received a request from the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH) for international voices to add to COPINH’s complaints to the Honduran authorities about the threats and crops destruction and to ask them to act to protect members of the Rio Blanco community.. Apparently, the police have started accompanying armed men with guns responsible for the threats rather than arresting them.
 Please email the Human Rights officer at the U.S. Embassy, Jason Smith,

or call the Embassy at 011 504 2236-9320 and ask to be connected to Jason Smith. Please also call the Honduran Ambassador to the U.S., Jorge Alberto Milla Reyes, 1-202 966-7702. You can use the following script:
“I am very concerned about the increasing frequency of violent threats by men with guns against members of the community of Rio Blanco, Intibuca, including death threats against the children of Francisco Javier Sanchez. Threats of increasing frequency preceded the murder of Berta Caceres, who worked with this community, so the threats must be taken very seriously. The community has identified one individual making threats–Franklin Madrid–and has asked for the authorities to arrest him and any others  making threats. Instead, the police have accompanied those making the threats.The U.S. funds training for the Honduran police. If they are abusing their positions as law enforcement, they should not receive U.S. funds. Please call on the Honduran authorities to protect the lives of people in Rio Blanco by arresting and bringing to justice those who are harassing them.”
 The COPINH letter follows:
COPINH urgently communicates to the national and international community our serious worry about the defenseless state of the Lenca people in Río Blanco, faced with armed men and constant threats. We insist that the authorities take immediate action to protect the physical wellbeing and lives of COPINH members in Río Blanco, who continue to defend their ancestral territory against the invasion of people linked to the DESA corporation.



In recent months, and especially in the past few weeks, the threats against COPINH members have intensified, especially while they are working on their ancestral lands in Vega del Achiotal and Vega del Culatón, sites where the DESA corporation has invaded Lenca territory to build the Agua Zarca project.
The Madrid family, who is originally from Santa Bárbara, illegally took over Lenca territory and sold part of it to the DESA corporation. Several of these people have been employees of the DESA corporation and have been put to work threatening members of COPINH, including our sister Berta Cáceres. We remind you that one of them threatened that they were going to “set things straight with Berta one way or another” just a few months before her assassination, and they warned us to look out for the consequences.
We denounce that

Franklin Madrid has pointed firearms at COPINH members in Río Blanco and fired into the air close to COPINH members while they worked their ancestral lands.

The frequency of the threats is increasing and the COPINH members are in a state of complete vulnerability against the armed men who are openly threatening and intimidating them. Today, June 21st, in the morning hours, several armed men once again threatened COPINH members while they were working at Vega del Culaton.

We alert you that one of the armed men threatened to kill at any moment the children of Francisco Javier Sánchez, Coordinator of the Indigenous Council of Río Blanco and member of the General Coordination of COPINH.
COPINH has filed complaints with the authorities regarding the threats and destruction of the corn crops. Nonetheless, to this day, those responsible continue to be free.

Instead of penalizing those who make violent threats, the police have instead accompanied them.
We also denounce the responsibility of the Municipality of Intibucá for having illegally granted land rights on ancestral Lenca territory at the Vega del Achiotal, facilitating the invasion of Lenca territory.

We demand that the authorities take immediate action to secure the life and physical wellbeing of the Lenca people of Río Blanco and to resolve the situations denounced by COPINH.

We call on the national and international community to speak with the Honduran authorities and embassies to demand that they Honduran state take immediate action and prosecute those who are threatening the Lenca people with firearms.
·         Oscar Chinchilla, Attorney General – 504-2221-3099
·         Julian Pacheco, Secretary of Security – 504-9456-3699
·         National Human Rights Commission (CONADEH)
Tegucigalpa: 504-2231-0204,

central@conadeh.hn
Intibucá: 504-2783-0039,

intibuca@conadeh.hn

 


No more martyrs!

We demand immediate action before it is too late.
Berta lives on, COPINH is still strong!
With the ancestral strength of Berta, Lempira, Mota and Etempica, we raise our voices full of life, justice, dignity, freedom and peace!
From Río Blanco, Intibucá, June 21st, 2017
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Thanks to all of you who have urged your members of Congress to support HRes 630, condemning the coup in Honduras. Today you have another opportunity to act on behalf of democracy. See below for the Action Alert from SOA Watch.

Earlier this week, the SOA graduate-backed Honduran military coup regime refused all diplomatic options to return democracy. The U.S. State Department responded by asserting that visas to Hondurans would no longer be granted under the coup. Late yesterday State Department officials made it clear that they are considering legally defining the situation as a “military coup.” This would create an automatic cut-off of all remaining aid to Honduras. The coup regime immediately responded by saying that they would allow the rightful President Zelaya to return with amnesty, but not as president. Clearly the coup leaders are caving to the pressure.  For more background information, check out this article:

http://www.reuters.com/article/vcCandidateFeed1/idUSN27328207

. We need you to act now to return democracy to Honduras. Please make two very important phone calls!  For information on how to respond, please read below or click the “read more” link.

1.) Call the State Department at 202-647-5171 or 1-800-877-8339 and ask for Secretary Clinton. Deliver the following message:

“My name is ________ and I live in ______ (city/state). I am calling to ask you to legally define the de facto regime in Honduras as a military coup and cut off all aid to Honduras until President Zelaya is unconditionally reinstated.”

2.) Call the White House at 202-456-1111 and repeat the same message

“My name is _______ and I live in __________ (city/state). I am calling to ask you to legally define the de facto regime in Honduras as a military coup and cut off all aid to Honduras until President Zelaya is unconditionally reinstated.”

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El miércoles pasado, 15 de junio, personas de todos lados del mundo demostraron fuera de Embajadas y Consulados Hondureños solidaridad con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Eso fue el Día de Acción Global de Justicia para Berta, organizado por COPINH y el cual incluyó manifestaciones en más de 30 ciudades por todo el mundo.

Mientras tanto, después de mucho trabajo y presión por grupos de base, el representate Hank Johnson (D-Georgia) introdujo el H.R.5474, el “Proyecto de Ley ‘Berta Cáceres’ de Derechos Humanos en Honduras”. Ahora tenemos una oportunidad importante y rara para exigir una pausa inmediata de toda la asistencia de seguridad por parte de EE.UU. a Honduras, que actualmente fomenta actividad de escuadrones de muerte conectada directamente con el asesinato de Berta Cáceres.

Para tomar acción ahora,

haz click aquí

para encontrar su representante de la Cámara Baja, llame a su oficina en Washington DC, y pide hablar con el personal de política exterior. Si esa persona no está disponible, puedes dejarle un mensaje o si logras hablar con él/ella, le puede decir lo siguiente:

“Llamo para pedir que mi Representante __________ apoye el H.R.5474,

Proyecto de Ley ‘Berta Cáceres’ Derechos Humanos en Honduras

. Mi comunidad no quiere que nuestros impuestos financien a los escuadrones de muerte en Honduras. Mejor, queremos una investigación completa e independiente del asesinato de Berta Cáceres, acusación formal de los autores materiales e intelectuales de su asesinato, y el establecimiento de un sistema de justicia democrático en Honduras para proteger los derechos de los cientos de activistas políticos bajo ataque en todo el país.”

Hasta ahora, la única Congresista que apoya el proyecto de ley es Jan Schakowsky, una defensora de derechos humanos en Honduras y la primera Congresista que viajó a Honduras después del golpe de estado en 2009. Si vives en su distrito, llámala para agradecerle!

Si no, por favor toma un minuto para llamar a tu Representante y pedir que apoye al Proyecto de Ley H.R.5474, un proyecto de ley importante y oportuno que exige que se pare toda la asistencia de EE.UU. a las fuerzas de seguridad de Honduras y que los EE.UU. vote ‘no’ en todos los préstamos de los bancos multinacionales de desarrollo a Honduras hasta que se cumplen con las siguientes condiciones:

  • Una investigación completa y acusación formal del asesinato de Berta Cáceres, 100 campesinos en el Valle Aguán, Joel Palacios Lino y Elvis Armando García.

  • Una investigación y acusación formal del ataque armado en contra Félix Molina.

  • Una investigación y acusación formal de los miembros del ejército Hondureño y las fuerzas policiacas que han cometido abusos de derechos humanos.

  • Que el ejército Hondureño deja de involucrarse en trabajo policiaca, acuerdo con la constitución Hondureña.

  • Que los derechos de “…defensores de derechos territoriales; sindicalistas; periodistas; activistas Indígenas, Afro-Indígenas, campesinas y LGBTI; críticos del gobierno; y otros activistas de la sociedad civil…” sean protegidos.

  • Tome pasos hasta establecer el estado de derecho y sistemas fuertes demócratas como un poder judicial capaz de acusar un miembro del ejército y fuerzas policiacas.

Miembros de la Cámara Baja necesitan oír de la comunidad y su llamada hará una gran diferencia! CRLN, con personas de todos lados de los EE.UU., seguimos presionando a los Congresistas para que apoyen al H.R. 5474. Únete a esta lucha y llama a tu Representante hoy!

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CRLN está seriamente preocupado por el incremento de amenazas contra los habitantes indígenas Lenca del Río Blanco quienes han resistido la  construcción ilegal de una presa hidroeléctrica sobre sus ríos y tierras. Este es  el tipo de amenazas que han escalado y  acabaron en el asesinato de Berta Cáceres, es imperativo que actuamos ahora. Hemos recibido una solicitud del consulado cívico popular y de las organizaciones indígenas de Honduras (COPINH) quienes  piden por el apoyo  internacional para dar a conocer sus quejas ante las autoridades hondureñas sobre las amenazas y la destrucción de sus cultivos. También se debe asegurar la protección  de los miembros de la comunidad de Río Blanco. Aparentemente, la policía ha estado protegiendo a los hombres armados cuales son responsables de las amenazas en vez de arrestarlos.

Si usted habla español, por favor llame a cualquier autoridad nombrada en la carta de COPINH. Puede utilizar el siguiente guión:

“Yo estoy muy preocupado sobre las frecuentes amenazas hechas por hombres armados contra los miembros de la comunidad de Río Blanco, Intibucá, incluyendo amenazas de muerte contra los hijos de Francisco Javier Sanchez. Amenazas cuya frecuencia llevaron al asesinato de Berta Cáceres, quien trabajaba con esta comunidad, entonces estas amenazas tienen que ser tomadas seriamente. La comunidad ha identificado a uno de los  amenazadores- Franklin Madrid- y  han pedido que las autoridades lo arresten al igual que a  los otros amenazadores. En vez de arrestarlos la policía los está acompañando y protegiendo. Por favor llame a su gobierno para enjuiciar  aquellos individuos que han amenazado a miembros de la comunidad de Río Blanco.”


Carta de COPINH
:

El COPINH comunica con urgencia a la comunidad nacional e internacional nuestra grave preocupación por el estado de indefensión en que se encuentra el pueblo Lenca de Río Blanco frente a hombres armados y amenazas constantes.  Instamos a las autoridades que tomen acción inmediata para salvaguardar la integridad física y la vida de los miembros de COPINH en Río Blanco, quienes siguen defendiendo su territorio ancestral ante la invasión de personas vinculadas con la empresa DESA.
En los últimos meses, y especialmente las últimas semanas se ha intensificado las amenazas en contra de los miembros de COPINH, especialmente mientras trabajan su territorio ancestral en la Vega del Achiotal y la Vega del Culatón, sitios donde la empresa DESA había invadido territorio Lenca para intentar construir el Proyecto “Agua Zarca”.

Miembros de la familia Madrid, quienes son originalmente de Santa Bárbara, ilegalmente acapararon territorio Lenca y vendieron parte de eso a la empresa DESA.

Varios de estas personas han sido empleados de la empresa DESA y se han dedicado a amenazar a miembros de COPINH, incluso a la compañera Berta Cáceres.  Recordamos que uno de ellos amenazó que se iban a arreglar las cosas con Berta por las buenas o las malas pocos meses antes de su asesinato y advirtieron de estar atentos a las consecuencias. Denunciamos que

Franklin Madrid ha apuntado armas de fuego a miembros de COPINH en R
ío Blanco e hizo disparos al aire cerca de miembros de COPINH mientras que trabajan en su territorio ancestral.
La frecuencia de las amenazas va aumentando y los compañeros de COPINH están en un estado completo de vulnerabilidad frente los hombres armados que abiertamente les amenazan y hostigan.  El día de hoy, 21 de junio, en horas de la mañana, varios hombres armados amenazaron otra vez a los miembros de COPINH mientras trabajaban en la Vega del Culaton.

Alertamos que uno de los hombres armados amenazó de matar en cualquier momento a los hijos de Francisco Javier Sánchez, Coordinador del Consejo Indígena de Rio Blanco y miembro de la Coordinación General del COPINH.
El COPINH ha presentado denuncias a las autoridades sobre las amenazas y destrucción de los cultivos de maíz,

sin embargo, hasta la fecha los responsables siguen libres.

En vez de sancionar a los que amenazan con violencia, la policía les han acompañado.
Denunciamos de igual manera la responsabilidad de la Municipalidad de Intibucá en otorgar dominios plenos ilegalmente en territorio ancestral Lenca en la Vega del Achiotal, facilitando la invasión de territorio Lenca.

Exigimos a las autoridades que tomen acción inmediata para salvaguardar la vida y integridad física del pueblo Lenca de Río Blanco y resolver las denuncias del COPINH.

Invitamos a la comunidad nacional e internacional a que se comunican con las autoridades hondureñas y sus Embajadas para exigir al estado de Honduras que tomen acción inmediata y proceden contra las personas que están amenazando con armas de fuego al pueblo Lenca.

Fiscal General Oscar Chinchilla
Ministerio Publico
504-2221-3099

Julian Pacheco
Secretario de Seguridad
(504) 9456-3699

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
504-2231-0204,

5

04-2783-0039

¡


No queremos más mártires!

Exigimos acción antes de que sea tarde.
¡Berta Vive, COPINH sigue!
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces
llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Dado en Rio Blanco, Intibucá, a los 21 días del mes de junio 2017
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Delegation to Meet with Social Justice and Human Rights Organizations

Since the June 2009 military coup in Honduras, CRLN members have partnered with local and national organizations to work to restore democracy to Honduras.  Two of those local partners,

La Voz de los de Abajo

and

Casa Morazan

are organizing a weeklong delegation to Honduras, to build ties with Honduran organizations working on behalf of social justice.  Join us – to hear directly from human rights leaders in Honduras so that we are equipped to advocate for just US policies.

The coup in Honduras, led by a graduate of the US’s School of the Americas program, has led to the deaths of human rights and social justice leaders in Honduras and called into question the US’s commitment to democracy in this hemisphere.  The cost of the delegation is $1,200 including airfare.  Please prayerfully consider joining us on this delegation and working with us upon your return to advocate for policies that will encourage restoring democracy in Honduras.

For more information, call 773-293-2964

.

Recent CRLN Webstories on Honduras


https://www.crln.org/Condemn_Military_Coup


https://www.crln.org/Honduran_Coup_Tom_Loudon_Report


https://www.crln.org/Honduran_consulate

Summary of Delegation from La Voz de los de Abajo and Casa Morazan

For more than 2 months, the Honduran people and their
organizations have surprised the world with their sacrifice and bravery in
mobilizing daily in resistance to the coup of June 28.  In response to the call from social organizations and the
Honduras National Front Against the Coup, La Voz de los de Abajo and Casa
Morazan is organizing a week-long delegation to Honduras, with the overall goal
of building a solidarity movement supporting the social justice movement in
Honduras and strengthening ties between U.S. organizations and activists and our
counterparts in Honduras.

There is limited space on the delegation. We are looking for
people involved in solidarity work, media, cultural work, trade union and
workers’ rights, healthcare, immigrant rights and others who are interested in
learning directly about the situation in Honduras and willing to help bring
information about the Honduran people’s movement to the U.S.

The delegation will meet with organizations that are
participating in the National Front Against the Coup and with human rights and
alternative media organizations. The National Front Against the Coup is the
coordinating organization for all the organizations in the country that are
resisting the coup. It holds regular general assemblies in which decisions are
made for resistance activities. Below is an introduction to some of the organizations that our delegation will have the opportunity to meet and to talk with.



The Central Nacional
de los Trabajadores del Campo (CNTC) The National Center for Rural
Workers


is one of the largest
and most active campesino base organizations in Honduras. It was founded in 1985
when 5 campesino groups joined together to build an organization dedicated to
the struggle for land for the landless and poorest farmers.  It
organizes not only for land, but also for access to healthcare, education,
housing and other basic services. The CNTC has affiliated communities in most of
the 18 departments (states) of Honduras. It was one of the few campesino
organizations to publicly oppose U.S. intervention in Central America during the
1980’s and it has continued to take progressive positions on international and
national social justice issues.  Because of its work in the
countryside its communities and leaders have frequently been targets for
governmental and landowner repression. The CNTC is a member of the Popular
Block, the National Coordinator for Popular Resistance and since the June
28 coup it has been an active participant in the National Front
Against the Coup (Frente Natcional en Contral el Golpe).



El Comite de Familiares de los Desaparecios en Honduras
(COFADEH) The Committee of the Families of the Disappeared in Honduras


was rounded on November 30, 1982 in Tegucigalpa. COFADEH is a center for moral
and political resistance to the abuses of government and an organization for the
defense and promotion of human rights. Its objectives are to fight against
impunity; to use the law and justice to end the practice of politically and
ideologically motivated forced disappearance of persons; to contribute to the
protection of the full application of human rights and to maintain alive the
collective memory of the past.



El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH) The Civic Council of Popular and Indigenous
Organizations of Honduras


is an activist indigenous organization in the
southwestern region of Honduras with national reach. It was founded in March of
1993 to fight for the recognition of and achievement of political, social,
cultural and economic rights for the indigenous peoples in Honduras. It is also
a center for analysis of the regional and national conditions with the aim of
developing actions and proposals on an ongoing basis for the achievement of its
goals. COPINH is an active member of the Popular Block, National Coordinator of
Popular Resistance and it is an active member of the National Front Against the
Coup.



La Central General de Trabajadores


(CGT) The General
Workerr’ Center is one of the union
centersin Honduras. It was formed in 1970 and has aroudn 120 thousand affiliated
workers. The CGT is one of the few workers’ organizations to survive through the
decade of the 1980’s which saw the most cruel and bloody refpression against the
working class and the other diverse organized sectors of the people. The CGT is
one of the largest organizations active in the National Front Against the Coup.



The organization LOS NECIOS


is a political organization working for radical change in the dominant and unjust
social and economic structures in order to build a different society. The
organization is centered in Tegucigalpa and is composed of members, mainly
youth, from different sectors who are committed to social transformation.
The Necios’ political activity is organizing in diverse social sectors,
political education and ongoing analysis of the national reality. Much of their
work is also in alternative media. The Necios organization was a member of the
National Coordinator of Popular Resistance prior to the coup.



Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
(COPEMH) The College of Secondary School Professors of
Honduras


is the organization of
all the high school teachers in the country. Teachers have played an extremely
crucial role in Honduran society and COPEMH is the strongest teachers’
organization in Honduras with an impressive ability to mobilize and sustain the
mobilization of its members and supporters. It is an important participant in
the National Front Against the Coup and at least 2 of its members have been
killed during the repression since the coup on June 28th


La Organización Fraternal Negra de Honduras
(OFRANEH) The Fraternal Black Organization of Honduras


was founded in 1979 to defend the
Garifuna and other Afro-Honduran’s rights, lands, and culture and to fight for
justice in all spheres of life for these communities. The Garifuna people are
the largest ethnic minority in Honduras and OFRANEH has struggled for legal
recognition and protection of their lands and territory, and for bilingual
education. OFANEH is an activist organization that has participated, since its
founding, in the movements for social justice in Honduras; it has also been a
target for repression throughout its history. It is currently an active
participant in the National Front Against the Coup.



Dr. Luther Castillo and the
First Garifuna Hospital in Honduras


Dr. Castillo is a Garifuna physician and outspoken community organizer and also the
director of the Luaga Hatuadi Waduheno (“For the Health of Our People”
Foundation. The foundation is dedicated to bringing health services to the
isolated indigenous communities on the Atlantic Coast. Dr. Castillo graduated
from the Latin American School of Medicine in Cuba in 2005 and returned to his
region to lead the building of the first “Garifuna hospital” which serves 20,000
people. He was named “Honduran Doctor of the Year” by the International Rotary
Club of Tegucigalpa in 2007. Since the coup in June of this year, Dr. Castillo
has been threatened and the coup government has tried to shut down the hospital.
Dr. Castillo was a member of the delegation of Honduran civil society that
toured the United States this summer to lecture on the situation in
Honduras.

Each of these organizations is playing an important role in
the struggle to restore the constitutional order in Honduras, beginning with the
restitution of President Manuel Zelaya Rosales, and in the fight for the “4th
Urn”  aimed at constitutional reform. The delegation will have the opportunity
to visit these organizations and leaders of the National Front Against the Coup
in Honduras, including candidates and elected officials from the Democratic
Unification Party (UD), independent candidates, Carlos H. Reyes and Berta
Caseres, and  anti-coup members of the Liberal Party. The delegation will also
have the oppoortunity to meet with representatives of the communication media,
that have truely informing the people about what is going on in Honduras and to
hear of their experiences and contributions to the resistence.


La Voz de los de Abajo is a Chicago organization that has
worked in solidarity with the social justice movements in Honduras for 11 years.
Much of our work has been directly with the campesino movement and the National
Center for Rural Workers (CNTC). Over the past 11 years we have participated in
organizing for the Pastors for Peace caravans to Mexico, Honduras and
Nicaragua.  We have organized many small delegations that have
traveled to campesino and indigenous communities across Honduras and
participated in conferences and visits to social organizations in Tegucigalpa.


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Mujeres en Resistencia: Reporte de la Delegación de la Comisión de Derechos en Guatemala

Fotos:Trischa Goodnow

La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala llevo a cabo su delegación anual en Agosto centrada en el rol crucial de las mujeres Guatemaltecas en la defensa de los derechos humanos. La delegación titulada “Defensoras: Mujeres Guatemaltecas Defendiendo Tierra, Justicia, y Derechos Humanos”,  tomo lugar en diferentes localidades de Guatemala en las fechas de 30 de Julio al 7 de Agosto del 2016. Marisa León Gómez, miembro del personal de CRLN, se unió a otras mujeres que trabajan y promocionan los derechos humanos en los Estados Unidos y Latino América para aprender y compartir con sus colegas en Guatemala. La delegación comenzó en la ciudad de Guatemala con visitas a diferentes organizaciones, luego viajo a Nebaj, en el departamento de Quiche para encontrarse con mujeres de la Comunidad Maya Ixil, regreso a la Cuidad de Guatemala, y termino con una visita a las comunidades de San Jose del Golfo y San Pedro Ayampuc, las cuales están en una resistencia pacífica en contra de una minería Estadunidense. La primera visita de la delegación fue a una exhibición permanente ¿Por qué estamos como estamos?, para que las delegadas obtuvieran información de fondo de la situación de racismo, discriminación, desigualdad y violencia que actualmente aflige a la sociedad Guatemalteca.


Actualización de la Puya


La Resistencia de la Puya

es una resistencia pacífica por las comunidades de San Jose del Golfo y San Pedro Ayampuc en contra de la minería Estaunidense de oro Kappes, Cassidy & Associates. CRLN ha apoyado la Resistencia de la Puya, la cual se ha estado organizando en contra de la mina y en la defensa de su agua desde hace cuatro años y medio. En el 2012, Miriam Pixtun Monroy, lideresa Maya Indígena de la resistencia, asistió y hablo brevemente acerca de la resistencia en el Encuentro Anual de CRLN, después de que el orador principal termino. Martha Pierce, miembro de la Junta Directiva de CRLN, visita la resistencia cada año conjunto a su delegación que hace en Guatemala.  La delegación de GHRC se encontró con Miriam en la Cuidad de Guatemala y luego viajaron a La Puya para ver personalmente la resistencia. Miembros de la resistencia, explicaron los nuevos avances a la delegación y las luchas que encuentran mientras continúan resistiendo pacíficamente la presencia de la mina en sus comunidades:

  • La compañía minera nunca obtuvo un permiso legal de construcción para operar y también fallo en consultar a las comunidades antes de empezar la minería, violando los Acuerdos de Paz de Guatemala de 1996.
  • Miembros de las comunidades han sido criminalizados, ha habido opresión militar y policial, y una gran división de familias ( en ciertas familias, ciertos miembros trabajan para la mina y otros miembros se oponen a la mina y son parte de la resistencia)
  • La comunidad gano amparos en contra de la compañía minera, lo cual tuvo que haber parado cualquier actividad minera desde Noviembre del 2015. Sin embargo, las comunidades no fueron notificadas de su victoria hasta Enero del 2016.
  • Debido a que la compañía minera no paro sus actividades aun con una orden de la Corte Constitucional, la comunidad comenzó una segunda resistencia en frente del Ministerio de Energía y Minas en la Cuidad de Guatemala la cual llamaron

    “ La Puyita”

    . Esto se debe a que el Ministerio de Energía y Minas dijo que iba a “analizar” la orden de la Corte Constitucional, en vez de simplemente acatar la orden como se supone que lo tienen que hacer.
  • Debido a la resistencia en ambos lados, La Puya y la Puyita, la compañía minera finalmente paro todas sus actividades el 10 de Mayo del 2016. Legalmente, no debería de haber ninguna actividad dentro de la mina. Sin embargo en la visita de la delegación a la Puya, los delegados presenciaron un carro conduciéndose en el complejo de mina y miembros de la resistencia reportaron actividades mineras llevadas a cabo por helicópteros y otras formas.
  • Miembros de la resistencia, también reportaron que hay rumores que el Ministerio de Energía y Minas quiere utilizar otro amparo justificándose en que Kappes, Cassidy & Associates han invertido más de $40 millones, y que deben completar su trabajo para que todo su capital no se desperdicie y para que inversores extranjeros no tengan miedo de invertir en Guatemala.
  • Las comunidades ya están vigilantes del hecho que la compañía minera puede demandar al Gobierno de Guatemala,

    como fue el caso en El Salvador.

  • La resistencia realmente aprecia la presión en contra del Gobierno de Guatemala y  de la compañía minera y el trabajo de solidaridad con su causa. Miembros de la resistencia dicen que el apoyo internacional es muy importante para su trabajo y para la defensa de los ríos y el medio ambiente.


La CICIG, Corrupción y El Ministerio Publico de Guatemala

La organizaciones de derechos humanos y de justicia social aprecian el trabajo de la

Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala  (CICIG).

Muchas defensores y defensoras de derechos humanos durante la delegación expresaron que el record de derechos humanos de Guatemala sería peor de no ser por la CICIG. Sin embargo, muchas organizaciones dijeron que la CICIG está fallando en trabajar con mujeres y movimientos u organizaciones indígenas.

La Red de No Violencia en Contra de la Mujer (REDNOVI)

expreso que la CICIG no ha beneficiado la prevención de la violencia en contra de la mujeres. La representante de REDNOVI espera que la CICIG comience una investigación de estructuras paralelas que previenen el proceso de la prevención de la violencia en contra de la mujer pueda avanzar. Igualmente, miembros de la resistencia de la Puya esperan que la CICIG pueda ayudar con su caso. Como se explicó arriba, la compañía minera Estadunidense Kappes, Cassidy & Associates ha operado ilegalmente en Guatemala, y miembros de la resistencia han sido injustamente criminalizados.

Adicionalmente,  El Ministerio Publico de Guatemala ha tenido un rol prominente en los casos de corrupción de oficiales de alto rango. La actual Fiscal, Thelma Aldana, llevo a cabo investigaciones que probaron que el ex- Presidente Otto Pérez Molina y la ex- Vicepresidente Roxana Baldetti estuvieron involucrados en el escándalo de corrupción de la aduana en Guatemala. La Fiscal previa, Claudia Paz y Paz, hizo un gran cambio en el sistema judicial de Guatemala, siendo su mayor logro la sentencia en cargos de genocidio y crimines de lesa humanidad del Militar General y  ex-Presidente Efraín Ríos Montt. La sentencia de Ríos Montt fue anulada por la Corte Constitucional días después, Sin embargo la juez Paz y Paz desafío el statu quo en Guatemala y abrió las puertas de la justicia, las cuales habían estado cerradas por mucho tiempo.

La corupcion rampante en Guatemala continua, tanto en el gobierno como en la oligarquía Guatemalteca. Impuestos bajos y/o evasión de impuestos por los ricos de Guatemala continúan teniendo un gran efecto en el país. Iduvina Hernandez, de

SEDEM

, explico a la delegación que el 6% más rico de la población evita pagar impuestos, y los que sí pagan (las clases trabajadoras) son robados por el gobierno. Los niveles de impunidad en Guatemala son alrededor del 90% por corrupción y evasión de impuestos. Igualmente, los  gobernantes de Guatemala defienden de cualquier manera posible los intereses económicos de la elite y de empresas extranjeras. Todo esto roba al estado de fondos, haciéndolo difícil que la situación vulnerable del país mejore.


La Administración de Jimmy Morales y los Militares

A pesar de haber progreso en Guatemala en las áreas de impunidad y corrupción, con el arresto del ex Presidente y Vicepresidente, el gobierno de Jimmy Morales está lejos de ser el ideal. El Presidente Morales ha sido vinculado con y ha defendido a los militares que estuvieron involucrados en el conflicto armado interno y en violaciones de derechos humanos. Morales ha reclamado el país vecino de Belice como Guatemalteco, ha incluido mensajes xenofóbicos y racistas como parte de su comedia, y ha negado que el genocidio en contra de la Comunidad Maya Ixil haya ocurrido.


Plan Alianza de la Prosperidad


CRLN,

conjunto a otras organizaciones, están dudosos del Plan propuesto como Alianza para la Prosperidad, dando $750 millones de dólares a los países del Triángulo Norte: Honduras, Guatemala, y El Salvador. Las organizaciones de derechos humanos están escépticos de las siguientes tres razones: a) El plan apoya la inversión extranjera en los tres países, lo cual puede resultar en situaciones como la de la Puya, b)Una gran parte del dinero va hacia los militares y las iniciativas de seguridad, a pesar de que hay pruebas de violaciones a derechos humanos por los militares y y la correlación de los altos niveles de violencia con la presencia de los militares en las calles, c) El dinero va a gobiernos corruptos los cuales tienen records terribles en valorar los derechos humanos. Adicionalmente, el plan se ve como un esfuerzo para parar inmigración a los EE.UU. a través de la militarización y la detención de inmigrantes antes de que lleguen a tierras Estadunidenses. Los delegados de GHRC se reunieron con representantes de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y encontraron que los EE.UU. todavía tiene confianza en los militares de Guatemala, al expresar que, “ los militares del presente son diferentes”.  La delegación tuvo una discusión con el representante de la Embajada Estadunidense acerca de puntos de consternación en el ámbito de derechos humanos en Guatemala.


Mujeres en Resistencia (Lista y Resumen de Organizaciones durante la delegación)

La primera reunión organizacional fue con

FAMDEGUA

(Familias de Desaparecidos de Guatemala) la cual fue fundada por familiares, sobre todo madres y esposas, de los desaparecidos del conflicto armado interno. 45,000 personas fueran desaparecidas forzosamente  durante el conflicto armado en Guatemala. FAMDEGUA tiene un papel crucial en el rol de exhumaciones de cementerios clandestinos y reparaciones a las víctimas, así como acompañar casos como el de la mascare de las Dos Erres. A pesar de recibir amenazas a muerte y vandalismo en sus oficinas, de 107 exhumaciones hechas, 1276 restos han sido recuperados.

La siguiente fue una reunión con

SEDEM

(Seguridad en Democracia). Guatemala siendo un país extremadamente peligroso para defensores y defensoras de derechos humanos, SEDEM trabaja en en la evaluación de riesgos y medidas de autoprotección para los defensores. SEDEM trabaja tambien con la reforma del ejército y la policía desde una perspectiva de derechos humanos y en la desclasificación de información de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

La siguiente reunión tomo lugar en Nebaj, en el departamento de El Quiche, donde hubo un genocidio de la comunidad Maya Ixil.

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

es una organization que trabaja en factores psicosociales con individuos y comunidades que han sufrido 30 años del conflicto armado interno. Esto incluye trabajar y brindar apoyo psicosocial a las mujeres y las comunidades indígenas que ahora son testigos de los juicios por genocidio y / o violencia sexual durante el conflicto armado.

Luego la delegación se reunió con

la Asociación Flor de Maguey y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH.

La reunión con la Asociación Flor de Maguey fue probablemente la más emotiva para la delegación, ya que la Asociación consiste en un grupo de mujeres sobrevivientes mayas del genocidio en la región de Quiché. La delegación escuchó el testimonio de cada mujer en el idioma maya Ixil, luego traducido al español y más tarde al Inglés. Las mujeres hablaron de diferentes traumas vividos durante y después del conflicto armado interno, incluyendo el sufrimiento de violencia sexual, la desaparición forzada de miembros de la familia, presenciar la matanza de miembros de la familia, y testificar en el caso de genocidio de Ríos Montt. Las mujeres formaron una red de apoyo en sus comunidades y se ayudaron mutuamente a sanar al compartir sus historias, el dolor y la búsqueda de la justicia.

CALDH

es un grupo que apoya a grupos como la Asociación de la flor Maguey, proporcionando acompañamiento pysco-social y ayudando a luchar por la verdad y la justicia.

Finalmente en Nebaj, Las delegadas se reunieron con

la Red de Mujeres Ixiles

la cual consiste en una red de 364 mujeres que trabaja para apoyar a las víctimas de la violencia actual contra las mujeres y para avanzar en los derechos de las mujeres.

De regreso en la Cuidad de Guatemala, la última visita organizacional fue con

La Red de No Violencia en Contra de la Mujer (REDNOVI),

la cual trabaja para prevenir, actuar y eliminar todas las formas de violencia y opresión en contra de las mujeres. REDNOVI trabaja en leyes, políticas públicas y mecanismos específicos por la defensa y el avance de las mujeres. La red está formada por diferentes organizaciones que trabajan en diferentes áreas en la defensa de los derechos de la mujer.

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Bill Summary: 

This bill prohibits funds from being made available to Honduras for the police or military (including for equipment and training), and directs the Department of the Treasury to instruct U.S. representatives at multilateral development banks to vote against any loans for the police or military of Honduras, until the Department of States certifies that the government of Honduras has:

  • prosecuted members of the military and police for human rights violations and ensured that such violations have ceased;
  • established the rule of law and guaranteed a judicial system capable of bringing to justice members of the police and military who have committed human rights abuses;
  • established that it protects the rights of trade unionists, journalists, human rights defenders, government critics, and civil society activists to operate without interference;
  • withdrawn the military from domestic policing; and
  • brought to trial and obtained verdicts against those who ordered and carried out the attack on Felix Molina and the killings of Berta Caceres, Joel Palacios Lino, Elvis Armando Garcia, and over 100 small-farmer activists in the Aguan Valley.



Current co-sponsors:

60 total in U.S.; from IL – Schakowsky, Lipinski, Gutierrez, Rush, Davis, Quigley, Foster



Reasons to Co-sponsor
:

  1. The U.S. should not fund security forces that have committed such an alarming number of human rights abuses with a 97% impunity rate.

    Some argue that U.S. training for Honduran troops will professionalize them, but there is no evidence of improvement since the 2009 military coup d’etat. Those who planned that coup
    are still in power. In fact, there is credible evidence that units of the Honduran military trained by the U.S. are operating as “death squads” and have hit lists of the leaders of various social movements. Berta Cáceres was one casualty.

    https://www.theguardian.com/world/2017/feb/28/berta-caceres-honduras-military-intelligence-us-trained-special-forces
  2. The U.S should not entrust funds to an administration as corrupt as that of Juan Orlando Hernández’ in a country with such a weak judicial system.

    We cannot have any confidence that funds given to Honduras will be used for their intended purpose. There is rampant institutional corruption in Honduras. High-level officials siphon off money from public institutions for their own gain or for political advantage. The looting of at least $350 million from the social security system by its chief administrator, part of which funded National Party efforts to elect current President Hernández in 2013, is an example.

    The Unbearable Solitude of Honduras’ Attorney General


Officials also have been implicated in taking bribes from drug trafficking gangs in exchange for allowing gangs to operate without police interference.

Another Day, Another Damning Testimony of Elites by Honduras Trafficker


3.  U.S. funds should not be sent to support military and police forces in a country which                 appears headed for dictatorship.

Current President Hernández is running for re-election, forbidden by the Honduran Constitution. Last year, he fired 4 Supreme Court justices who challenged the constitutionality of his running for re-election and appointed replacements who would support it. He uses the military in domestic policing, also forbidden by the Constitution, and has formed a Military Police Force in addition to the National Police. This year, the Honduran Congress passed changes to the penal code that threaten free speech and freedom of assembly rights, with stiff criminal penalties, which have citizens worried that they will not be able effectively to publicly oppose government policies.

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Timeline of Events Surrounding Coup

Both the U.S. and Honduran mainstream media has published misinformation about the events surrounding the coup of June 28,2009.  For example, the allegation that President Zelaya wanted to change the constitution in order to extend his time in office was invented by the coup leaders and repeated early and often.  However, President Zelaya never stated this.  The following timeline includes critical events leading up to and following the coup, including social legislation passed by President Zelaya in the months before the coup:



November 11, 2008:


President Zelaya announces his intent to conduct an opinion poll to see if the people want to have a fourth ballot box installed at polling places during the next election (11/29/09).  This fourth ballot box would be in addition to the ballot boxes for President, Congress, and local officials for the purpose of holding a non-binding referendum asking people if they want the government to hold a National Constituent Assembly to draft a new constitution.



February 2009:


President Zelaya increases the minimum wage by 60%. Chiquita (formerly United Fruit Company) and Dole join the Honduran Business Council in complaining that this will cut into their profits and lead to mass unemployment.  However, this increase results in salaries that are still less than a third of a living wage for Hondurans.



March 24, 2009:


President Zelaya issues a decree to the National Statistical Institute to hold the opinion poll on June 28, 2009.  Article 5 of the Honduran “Civil Participation Act” of 2006, approved by Congress and the Supreme Court at the time, allows public officials to perform non-binding public consultations to inquire what the population thinks about policy measures.  While the constitution can only be changed by a 2/3 majority of the Congress, Zelaya was merely attempting to gauge public opinion as an advisory measure for Congress.



March 25, 2009:


The Attorney General’s office notifies Zelaya that if he proceeds with the opinion poll, he will be charged with abuse of power.



May 2009:


The Supreme Court, the Congress, and the Supreme Electoral Tribunal all rule that the opinion poll is illegal, in spite of the fact that in 2006, the Congress had passed and the Supreme Court had approved the above-mentioned Civil Participation Act allowing for non-binding public consultations.



June 25, 2009:


Gen. Romeo Vasquez, trained at the U.S. Army School of the Americas, tells President Zelaya that the armed forces will not distribute ballots for the non-binding referendum as ordered by the president.  President Zelaya fires him.



June 26, 2009:


Supreme Court rules that Gen. Vasquez be reinstated.  President Zelaya refuses to do so, saying “If an army rebels against a president, then we are back to the era of the cavemen, back to the darkest chapters in Honduran history.”  He and his supporters go to the Air Force base to collect and distribute the ballot boxes themselves.



June 28, 2009:


Early in the morning, armed forces led by Gen. Vasquez storm Zelaya’s home, disarm the Presidential guard, and fly him to Costa Rica.  The plane stops at Palmerola, a joint U.S. and Honduran military airfield.

The military patrols the streets in tanks and fly overhead in planes.  Electricity, phone lines, and international cable TV lines are cut; water is cut off to some neighborhoods; TV and radio stations supportive of Zelaya are taken off the air; and the stations still on the air report no news.

Nine ministers in Zelaya’s administration are detained.  A dozen Zelaya ministers go into hiding, fearing arrest.

An extraordinary session of Congress is called, but not all legislators are notified or present.  There is later dispute over whether Congress had a quorum.  A fake letter of resignation from President Zelaya is read and a vote is taken to remove Zelaya from office and install Roberto Micheletti, President of the Congress, as President.  Micheletti immediately orders a 24 hour curfew for all citizens which lasts for three days.  People cannot leave their houses even to buy food or water, without fear of army retaliation.  After the third day, the curfew is suspended and reinstated arbitrarily, at the whim of the coup government, for the next several months.

The Front of Resistance to the Coup is born, a coalition of labor, farmworker, student, indigenous, Garifuna (a mixed Afro-Caribe people), and feminist groups.  People who had not been part of protests in the past join the Front’s non-violent resistance in daily public demonstrations and marches in spite of the curfew.

All Latin American countries, the European Union and much of the rest of the world unequivocally condemn the coup and call for the reinstatement of President Zelaya.  Many over the next several days recall their ambassadors and cease economic relations with Honduras.  Secretary of State Clinton, refusing to use the word “coup,” condemns the “action” taken against President Zelaya and calls on “all parties in Honduras to respect the constitution and the rule of law.”  President Obama calls Zelaya’s ouster “illegal.”  However, the U.S. does not recall its ambassador, withdraw its military personnel from Honduras, cut off aid, or cease trade relations with Honduras.



June 30:


UN General Assembly calls for restitution of Zelaya as president of Honduras.



July 1:


Introduced by Micheletti, Congress issues an order suspending freedom of assembly, freedom of transit, due process, and permitting search and seizure without a warrant.



July 2:


European Union countries recall their ambassadors to Honduras.



July 4:


Organization of American States (OAS) suspends Honduras’ membership.



July 5:


President Zelaya flies to Honduras.  Crowds gather at the airport to meet him, but coup government prevents the plane from landing.  1 killed, dozens wounded.



August 4:


The State Department sends a letter to the Senate to “clarify” the U.S. position on the events in Honduras.  “We energetically condemn the actions of June 28. We also recognize that President Zelaya’s insistence on undertaking provocative actions contributed to the polarization of Honduran society and led to a confrontation that unleashed the events that led to his removal.”  The State Department is still unwilling to call the events of June 28 a coup.



September 3:


U.S. State Department stops $30 million in non-humanitarian aid from going to Honduras but is still unwilling to call the events of June 28 a military coup.



September 21:


President Zelaya returns to Honduras secretly and takes up residence in the Brazilian Embassy.  The coup government again declares a curfew, which lasts until Sept. 23 at 10 a.m., only to resume at 4 p.m. that same day.  People are trapped in their houses, many without food or water.  Nevertheless, many defy the curfew and gather outside the Brazilian Embassy in support of Zelaya that night.



September 22, 2009:


Early in the morning, police violently break up the gathering of Zelaya supporters.  Mr. Micheletti issues a secret decree suspending the constitution and civil liberties for 45 days, finally published in the government register September 26.  Campaign of harassment begun against those in the Brazilian Embassy.



September 30, 2009:


Police invade the National Agrarian Institute, arresting 50 farmworkers who had been occupying the building since the coup.  The farmworkers were trying to prevent the coup government from destroying or changing land titles that were finally being registered for farmworkers under Zelaya’s land reform measures.



October 29, 2009:


Assistant Secretary of State Thomas Shannon negotiates an accord between Zelaya and Micheletti, in which Micheletti agrees to let the Congress vote on Zelaya’s restoration to the presidency in return for Zelaya’s agreement that he will not seek a constitutional assembly or change the constitution, that he will support November 29 elections and encourage his supporters not to protest them in any way, that the army will be responsible for elections logistics and “keeping order” during the campaign season and on election day, and that he will participate in a “unity and reconciliation government” with those who carried out the coup.  Sec. Shannon makes clear that the expectation on all sides is that Congress will vote on Zelaya’s reinstatement very soon, by November 6 at the latest.



October 30, 2009:


Congress announces it will go on indefinite recess.



November 3:


Sec. Shannon announces that the U.S. will recognize the legitimacy of the November 29 elections whether or not Zelaya is restored to the presidency.



November 9:


President Zelaya announces he will no longer support the accord, since the Congress shows no sign of voting on his reinstatement.

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