The Impact of Economic Sanctions Against Cuba Amid COVID-19

Cuba has been under U.S. economic sanctions for over sixty years, costing the island nation billions of dollars. In the last year, the Trump Administration has dramatically increased economic sanctions against Cuba, leaving them strapped for cash. As the confirmed cases of COVID-19 increase daily within the country, the economic toll resulting from these sanctions has led to a shortage of medicine and medical supplies needed to combat the virus. Despite Cuba’s strong healthcare system, their lack of access to the appropriate medical supplies is hindering their ability to treat and contain COVID-19. The international community must make every effort within its power to stop the spread of the virus, protect people particularly the most vulnerable and ease the harm the virus causes. In order to do that, the United State must suspend the sanctions that are inflicting the most harm on the Cuban people.

The Impact of Economic Sanctions Against Venezuela Amid COVID-19

U.S. economic sanctions in Venezuela had led to a public health crisis prior to the rise of COVID-19. These sanctions negatively impacted Venezuela’s economy and have prohibited the importation of essential, lifesaving products, including medicine and medical equipment. Economic sanctions imposed by the United States have already caused increased disease and tens of thousands of excess deaths, according to a 2019 study. Hospitals throughout the country are suffering from a lack of masks, gloves, and other protective gear essential for the proper treatment of COVID-19 patients and for containing the virus. Additionally, many hospitals lack clean water and soap, further indicating that an outbreak of COVID-19 in Venezuela would likely spread rapidly.

The Fight Against COVID-19 Must Be Global

The UN High Commissioner for Human Rights recently called for sectoral sanctions to be reduced or suspended. During this crisis, the world must come together to effectively fight it. Any hindering of the medical efforts in one country increases the risk for the entire globe.

Contact the administration and your members of Congress today! Urge them to make every effort to stop the COVID19 by easing the sanctions on Cuba and Venezuela and helping the most vulnerable get the medical care and equipment they need.

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https://www.votervoice.net/PCUSA/Campaigns/73235/Respond

En Honduras, más de 500 personas han sido detenidas arbitrariamente y sometidas a torturas por las fuerzas armadas en diferentes ciudades valiéndose de un decreto ejecutivo (PCM 021-2020) emitido por el cuerpo de ministros del régimen el lunes 16 de marzo anterior. El país registra oficialmente 52 casos positivos al 25 de marzo y se desconoce el dato real de casos sospechosos entre una población víctima de una campaña oficial permanente de pánico, que está activando a su vez una conflictividad social entre los sectores más empobrecidos que carecen de reservas alimentarias y de medios suficientes para proveerse.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) advirtió el mismo lunes 16 de marzo que ese tipo de medidas extremas impuestas por el régimen violento, que enfrenta 10 años de desobediencia civil por su carácter ilegítimo, acabarían atacando a la población.
Los policías y militares, semi analfabetas, que hacen cumplir el decreto de emergencia, extendido al 29 de marzo en todo el país, no respetan protocolos internacionales sobre uso de la fuerza e impiden con brutalidad la libertad de locomoción, reunión, expresión, asociación, libertad personal y la inviolabilidad del domicilio.
En base a ese decreto central también las municipalidades han impuesto ordenanzas de toques de queda absolutos entre 48 y 72 horas en el Distrito Central, Comayagua, San Pedro Sula, Ceiba, Choluteca y El Progreso. También en Puerto Cortés y Santa Cruz de Yojoa, donde se registraron los primeros casos positivos por coronavirus.
En todas esas ciudades son las policías municipales o las fuerzas militares en general las que hacen cumplir las ordenanzas sin manuales de procedimientos en este tipo de emergencias.
En un barrio de Comayagüela, cinco hombres que el martes se acercaron a comer alrededor de una “olla común” preparada por mujeres defensoras de la Iniciativa Mesoamericana (IM) fueron detenidos y encerrados en una posta policial próxima, mientras las mujeres fueron conminadas a cancelar la actividad solidaria y encerrarse en sus casas.
Por las gestiones de IM y de este Comité, los hombres fueron liberados.
En Choluteca, Comayagua, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Puerto Cortés, Choloma, La Ceiba y El Progreso también hay reportes de detenciones arbitrarias seguidas de golpes, “sermones moralizantes”, insultos vulgares y torturas crueles en lugares aislados.
En el mejor de los casos, las personas privadas de libertad son liberadas fuera de los plazos que establece la Constitución, pero la decisión policial en general es mantenerlas encerradas “hasta que la emergencia finalice”.
Hay registro de detención? Hay remisión de casos a la Fiscalía? Son alimentados dignamente? Gozan de medidas de bioseguridad? Pueden comunicarse con sus familias? No hay respuestas aún a estas preguntas.
En los últimos días han sido virales las imágenes en una posta policial en la capital y una cancha deportiva en Siguatepeque donde la policía militar obliga a las personas detenidas a realizar entrenamientos militares y trabajos forzados, por “irrespetar” el toque de queda absoluto de la dictadura.
En casi la totalidad de los casos, las personas arrestadas realizaban misiones de aprovisionamiento alimentario o de medicamentos para sus familias.
En vista de los hechos hacemos un llamado a las instituciones con salvoconductos excepcionales para circular en el país, entre ellas el ministerio de Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que aseguren el respeto a la integridad física y la vida de todas las personas detenidas. Asimisimo, llamamos a las Naciones Unidas a levantar un censo de detenciones arbitrarias y de tratos crueles durante esta emergencia sanitaria, porque el régimen oculta o minimiza los datos, con la misma lógica de conveniencia que maneja los contagios. El ocultamiento o manipulación de la información pública es un grave riesgo adicional para la vida y las libertades del pueblo hondureño en momentos cuando se impone la inmovilidad social por la fuerza. No debe tolerarse en ninguna circunstancia, peor en ésta. De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón C O F A D E H Tegucigalpa, Honduras, 25 de marzo de 2020

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